El partido de Santiago Abascal pretende que el erario público asuma más de un millón de euros en concepto de intereses generados por los préstamos de la entidad húngara MBH Bank, cuyo sobrecoste supera el tipo medio de la banca española.
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MADRID. Vox ha dado un paso controvertido en la gestión de sus cuentas electorales al reclamar formalmente al Estado el reembolso de los intereses devengados por los créditos que solicitó a Hungría. La formación dirigida por Santiago Abascal busca que los presupuestos públicos cubran los tipos de interés de alrededor del 11% que abonó al MBH Bank —entidad financiera vinculada al Gobierno del primer ministro húngaro, Viktor Orbán—, unas tasas notablemente superiores a las que ofrecen habitualmente las entidades bancarias en España.
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La reclamación se centra en las subvenciones por gastos electorales que otorga el Estado para compensar las campañas de los partidos políticos en proporción a sus resultados. Sin embargo, la inclusión de estos intereses «exorbitantes», que llegan a superar hasta en seis puntos porcentuales la media del mercado financiero nacional, ha reabierto el debate político y técnico sobre los límites de la financiación de los partidos con fondos públicos.
Un millón de euros en intereses bajo la lupa
La polémica en torno a estos créditos no es nueva. Vox recurrió a la entidad húngara MBH Bank —donde el Ejecutivo de Orbán ostenta una participación directa cercana al 20%— para sufragar sus campañas tras alegar dificultades para obtener financiación de la banca tradicional española. En total, la formación solicitó créditos que ascendieron a los 13,5 millones de euros (6,5 millones para las elecciones generales de 2023 y otros 7 millones para las europeas).
Los datos de la contabilidad remitida indican que, únicamente por el primer tramo de 6,5 millones de euros de principal, Vox abonó un total de 1.059.319,43 euros en concepto de intereses en apenas catorce meses. El reembolso del principal se efectuó de forma fulminante en un solo día mediante transferencias masivas gracias al dinero recibido de las propias subvenciones del Estado, pero ahora el partido pretende que la administración pública absorba también el recargo de ese millón de euros extra derivado del alto tipo de interés pactado con Budapest.
El debate sobre el sobrecoste financiero
La estrategia de Vox de imputar estos costes al Estado se topa con el escrutinio de los organismos de control técnico. Aunque la legislación española permite que el Estado sufrague los costes ordinarios y financieros de las campañas electorales mediante las subvenciones reguladas por la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), el hecho de que se hayan aceptado de forma voluntaria unas condiciones financieras tan gravosas respecto al mercado doméstico enciende las alarmas.
Desde los sectores fiscalizadores se analiza si el desembolso de unos intereses tan elevados puede considerarse un «gasto necesario y justificado» para la campaña o si, por el contrario, constituye una anomalía que no debería ser sufragada con el dinero de los contribuyentes. Mientras tanto, la oposición parlamentaria ha criticado con dureza la doble vara de medir del partido ultra, acusándolo de recurrir de forma sistemática a aliados políticos extranjeros para su sostenimiento financiero mientras exige un blindaje total de los fondos públicos en otros ámbitos.
