La Fiscalía de Corea del Sur ha solicitado la pena de muerte para el expresidente Yoon Suk-yeol tras su intento fallido de imponer la ley marcial en diciembre de 2024. Este hecho se ha convertido en uno de los casos más notorios de la historia reciente del país, ya que la solicitud de condena máxima llegó el último día del juicio por insurrección que enfrenta Yoon en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.
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La decisión de la Fiscalía refleja la gravedad de los cargos que pesan sobre el exmandatario, quien ha sido acusado de intentar mantener el poder a través de medidas autoritarias. La agencia de noticias Yonhap informa que el tribunal podría emitir un fallo a principios de febrero, en el que se analizarán los argumentos de ambas partes.
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La ley marcial, que ha sido utilizada en contadas ocasiones a lo largo de la historia de Corea del Sur, permite al gobierno restringir las libertades civiles y movilizar a las fuerzas armadas. Aunque la legislación surcoreana prevé la pena de muerte por insurrección, el país no ha llevado a cabo ejecuciones desde 1997.
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Yoon Suk-yeol, quien tiene 65 años, argumenta que su declaración de ley marcial era necesaria para proteger al país de lo que él describió como «fuerzas antiestatales». Sin embargo, sus detractores señalan que su intención principal era silenciar la oposición política y reforzar su control sobre el poder judicial y legislativo.
El expresidente emitió el decreto de ley marcial el 3 de diciembre de 2024, justificando la medida ante lo que consideraba actividades antiestatales de la oposición, especialmente en relación con Corea del Norte. Sin embargo, la Asamblea Nacional revocó la medida varias horas después, tras intensas protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad.
Las calles se llenaron de ciudadanos en contra de la ley marcial, y algunos manifestantes fueron amenazados con armas por parte de la Policía Militar. Ante esta situación, Yoon decidió cancelar la medida y retirar a los militares despachados, aunque para ese momento ya se había desatado una gran controversia.
En abril de 2025, el Tribunal Constitucional de Corea del Sur confirmó la destitución permanente de Yoon, quien había sido suspendido de sus funciones desde el 14 de diciembre tras una moción de censura aprobada por la Asamblea Nacional. Esta destitución causó un gran cambio en el ámbito político del país, marcando el fin de su mandato.
El actual gobierno de Corea del Sur ha expresado su deseo de que el proceso judicial se desarrolle con total imparcialidad y de acuerdo con los principios del Estado de derecho. Mientras tanto, Yoon y 23 coacusados, que incluyen a altos funcionarios de su administración, enfrentan severas acusaciones que podrían cambiar el rumbo de la política surcoreana.
