Hablar de suicidio siempre ha sido un tabú, el estigma que recorre la salud mental es una evidencia y en la Policía no es una excepción. Tabús, estigmas y muchas trabas administrativas suponen un cúmulo de obstáculos para aprobar un protocolo de ayuda y prevención. Una realidad incómoda, pero muy presente.
En la última década más de un centenar de policías se han quitado la vida. Las cifras no dejan lugar a dudas: en 2020 creció el número de suicidios en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, 31 frente a los 29 que se dieron en 2019. Un índice de suicidios notablemente superior a la media del resto de la población, que ya de por sí sufre su particular lacra a causa de la pandemia y sus devastadores efectos sobre la salud mental, el doble en el caso de la Policía Nacional. Con unos 65.000 agentes en activo se contabiliza una media de un suicidio al mes.
El suicidio es un problema multifactorial de variables que en el caso de la Policía reúne una serie de patrones coincidentes. La propia naturaleza del trabajo, la presión y el estrés inherentes a una profesión en la que las y los policías están expuestos cada día a asesinatos, robos, peleas, agresiones, etc. Situaciones violentas en general a las que se enfrentan y de las que es difícil desconectar. A ello se suman dificultades para conciliar la vida personal y familiar, cambios de turno, fines de semana, jornadas nocturnas. Todo ello puede influir en la convivencia con el entorno, la pareja y/o las y los hijos.
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La singularidad de la movilidad geográfica a diferencia de otros cuerpos de seguridad autonómicos o locales hace que el policía nacional que quiere promocionar esté sujeto a posibles cambios constantes de residencia, ya que el ascenso suele conllevar un cambio de destino, cuestión que puede influir en la vida personal y relaciones familiares. Para evitar estas situaciones, muchas veces se opta por no promocionar, no progresar y eso puede provocar una pérdida de autoestima.
A diferencia de la ciudadanía en general, el hecho de contar con la posesión de un arma facilita e influye en que un policía decida resolver una depresión de forma drástica en un momento de debilidad y esto es una particularidad que no puede pasar desapercibida.
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El miedo a mostrar malestar o cualquier síntoma de debilidad no hace más que provocar un freno que no permite contarlo y derivar en una depresión. Uno de los factores más acuciantes es el estigma. El o la policía que entra en depresión en ocasiones es señalado por los jefes, por los médicos y por sus propios compañeros.
A los casos en que, en ocasiones, se producen hostigamientos por parte de superiores, se añade la misma idiosincrasia de la institución que dificulta que un acoso laboral acabe en sanción, ya que la jerarquía pesa dentro de las fuerzas de seguridad, y el hecho de que la superioridad goza casi de inmunidad en el trato hacia sus subordinados, provoca que los agentes prefieran callar ante los abusos porque saben que denunciar puede resultar contraproducente en forma de represalias. Este silencio, unido al que ya rodea de por sí a la problemática del suicidio, contribuye a la ocultación absoluta del problema.
¡Hay solución! Es necesario empezar por mejorar los recursos de atención psicológica. La administración debe ser consciente de las particularidades del trabajo policial y facilitar algo tan fundamental como la implantación de planes de prevención que cuenten con protocolos de detección y profesionales de atención psicológica, a la par que coordinación y colaboración institucional.
En este sentido la Agrupación Reformista de Policías (ARP), fue pionera en la elaboración de un Plan de Prevención de Suicidios que, con el objetivo de minimizar el número de muertes, aspira a ser incorporado por el Cuerpo de la Policía Nacional a su estructura organizacional.
Fruto de ello, supuso que, en noviembre de 2020, la Dirección General de la Policía aprobara el primer protocolo para prevenir los suicidios, un plan que incluía, entre otras medidas, la puesta en marcha de un teléfono de atención psicológica “gratuito y confidencial” en funcionamiento las 24 horas del día durante todo el año para prestar atención inmediata, pero que resulta insuficiente y necesita de la dotación de medios humanos suficientes para hacerlo efectivo.
El plan elaborado por ARP, conscientes de que la prevención y el control de este problema no es fácil dado que es multicausal, incluye una serie de medidas encaminadas no solo a frenar el número de suicidios, sino también a cuidar y promover la salud mental de las y los policías, un servicio necesario y demandado desde hace muchos años por este colectivo.
El suicidio se lleva cada año en España al doble de personas que los accidentes de tráfico, pero los tabús que rodean al tema y el hermetismo con el que se trata, hace que siga siendo una lacra soterrada y silenciosa que aumenta cada día. En el caso de las y los profesionales de la Policía Nacional, además de la implantación de un plan de prevención específico, es necesaria también la comprensión, que se les escuche. Que no se mire mal a un agente que tiene una depresión. Son patrones de comportamiento que hay que cambiar si no queremos que el problema siga creciendo. Debajo de un uniforme no hay héroes o heroínas invencibles, hay personas que necesitan de cuidados.
