La nueva normativa extenderá la protección también a las y los profesionales que participan y elimina la necesidad de denuncia
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Cecilia Barba Arteaga
El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó el pasado viernes, con 204 votos a favor y 144 en contra, la Proposición de Ley Orgánica por la que se modifica el Código Penal «para penalizar el acoso en las mujeres que acuden a clínicas para la interrupción voluntaria del embarazo», presentada por el PSOE. La iniciativa pasa ahora a su trámite en el Senado.
Esta proposición de ley expone la ampliación del artículo del Código Penal para proporcionar «una seguridad jurídica tanto a las mujeres que quieren interrumpir el embarazo como a los y las profesionales que participan» en él. Se contempla, en la propuesta, penas de prisión de tres meses a un año o trabajos comunitarios para quienes «coarten u hostiguen la libertad de una mujer que pretenda ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo». Otro de los acuerdos en la propuesta es que no haga falta denuncia de la persona afectada para que se persiga el delito.
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La propuesta del PSOE parte del informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI), el cual mostraba que un 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas. «Miles de mujeres, se han visto increpadas, insultadas, coaccionadas o amenazadas de algún modo», explica ACAI en su informe.
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En el caso español, tal y como explicaba para una entrevista José Antonio Bosh, abogado y asesor jurídico de la ACAI, “son organizaciones católicas que se ponen en la puerta y ahora este tipo de acciones tienen distintas formas, las hay desde las que se ponen a rezar en la puerta, hasta las que impiden el acceso a la mujer, abordan a la mujer o ponen cualquier tipo de objeto donde puede verse reflejadas”. Los acosos pueden llegar hasta “incluso, una procesión por delante de la clínica expresamente para ello”.
En otros países de Europa estas medidas ya se llevan a cabo desde hace algunos años, Francia contempla hasta dos años de prisión y multas de 30.000 euros a quienes impidan o traten de impedir la interrupción voluntaria del embarazo. Además, el país vecino también incluye como delito la publicación o emisión de informaciones falsas con relación al aborto. En el caso de Inglaterra, se propuso las llamadas zonas de exclusión o de censura, donde se prohíben las protestas antiabortistas a 150 metros de radio alrededor de las clínicas de aborto o centros médicos para la interrupción del embarazo.
