En demasiadas ocasiones nos cobijamos en el azar o el destino para evitar cuestionarnos situaciones que son dolorosas y nos llevan a conclusiones desalentadoras. En una sociedad, un barrio no se convierte en marginal de la noche a la mañana, puede surgir en un corto espacio de tiempo y con población en riesgo de exclusión social, pero no se convierte en marginal al instante. Es un proceso degenerativo en el que todos los actores implicados ponen su granito de pólvora para que la situación se convierta en explosiva.
La marginalidad de una determinada zona proviene en primera instancia de la vulnerabilidad de dicho espacio y, entre Estado, ciudad y clases sociales lo dotamos de un último ingrediente, la peligrosidad. Las dinámicas que interactúan entre estos tres actores pasan por el alambique de la intencionalidad y extraen la esencia última de la pobreza sin esperanza, que es la exclusión.
Y para llegar a esto es imprescindible que el Estado se despreocupe de sus obligaciones para con la ciudadanía, que dicho abandono sea apoyado por la desidia y negligencia de la localidad junto con el egoísmo identitario de clase de los componentes de dicha sociedad.
“Terra nullius” es una expresión en latín que significa, literalmente, “tierra de nadie”. Es decir, no se encuentra sometida a la autoridad de nadie. Como concepto jurídico, no debe confundirse con el terreno situado entre dos fuerzas combatientes no ocupado de forma permanente por ninguna de las dos partes durante un conflicto bélico.
Si la “terra nullius” no es de nadie, puede ser reclamada por cualquiera. Y esta fue la dinámica que empleó el colonialismo para apropiarse de tierras que no le pertenecían. Cosificando de paso a los habitantes de esos territorios, o bien no existían o si lo hacían eran inferiores a los colonizadores perdiendo incluso la categoría de humanidad.
Hoy en día el territorio sin reclamar de mayor tamaño se encuentra en la Antártida. Es la Tierra de Marie Byrd. Entre Egipto y Sudán, está localizado Bir Tawil y ¿en Ceuta?.
La barriada de El Príncipe hace tiempo que puede considerarse como “terra nullius” desde un punto de vista administrativo e institucional tanto por el Estado, como por la Ciudad Autónoma, como por parte de la sociedad ceutí. Las responsabilidades son compartidas, eso sí, cada una en menor o mayor grado en función de nuestras competencias y atribuciones sociales. A la cabeza de estas responsabilidades están las administraciones locales y nacionales. ¿Y por quién ha sido reclamada la titularidad de la barriada de El Príncipe? Por el desamparo.
Recordemos que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son los garantes en un estado de derecho democrático de que el pueblo no esté desamparado. Los tres poderes a la vez y al unísono. Y dichos poderes pueden y deben ser proyectados desde la localidad. Estado y Ciudad unidos por su deber para con la gente.
Dina, hermana de Ibrahim, el joven cruelmente asesinado, comentaba: “En Ceuta, que es tan España y tan Europa como el resto, está prohibido tener un arma y lo que queremos los vecinos del Príncipe, de Loma Colmenar, de Hadu y de Los Rosales es ver a la Policía como la vemos en el centro, a todas horas, patrullando y haciendo bien su trabajo, intimidando a esos cuatro delincuentes que están acabando con la ciudad”.
El Príncipe pide a gritos apoyo y la respuesta desde las distintas administraciones debe venir desde dos pilares básicos, estructuralmente potentes y con capacidad de proyección en el futuro: Reforzar e incrementar los programas existentes del Estado del Bienestar y una reconstrucción activa del estado social que implique una transformación de éste, adecuada a las nuevas condiciones económicas, familiares, sociales y en definitiva de participación en la vida comunitaria.
Es necesario promover ayudas de emergencia social, activar programas que sirvan para alcanzar un empleo a través de la formación en nuevos nichos de trabajo o en existentes con demanda acreditada; excepciones normalizadas y bajo condiciones concretas a beneficiarios de ayudas para poder acumular temporalmente subsidios y trabajo; propiciar la movilización de redes asociativas y de colaboración; acceso gratuito a la formación a lo largo de la vida y promover unas serie de garantías universales en bienes y servicios esenciales, como vivienda, salud y transporte.
No debemos olvidar que esto solo es posible desde la aceptación por parte del Estado y de la Ciudad, con la ayuda de la comunidad, de sus deberes para con la ciudadanía. La totalidad de la ciudadanía.
