El fiscal Salvador Viada ha comparecido ante el magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, para declarar sobre un incidente ocurrido durante el registro del despacho del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Este registro fue parte de una investigación sobre una posible filtración de datos relacionados con Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso.
Viada relató que observó a García Ortiz consultando un teléfono junto a María Ángeles Sánchez Conde, teniente fiscal del Tribunal Supremo. Aunque no pudo determinar qué miraban ni de quién era el dispositivo, el contexto le resultó llamativo. Según Viada, ‘un fiscal no habla con el investigado en medio de una diligencia’, lo que subraya la gravedad de la situación.
El magistrado Hurtado investiga si García Ortiz y Pilar Rodríguez cometieron un delito de revelación de secretos al manejar correos electrónicos donde González Amador ofrecía un pacto a la Fiscalía. Este pacto implicaba declararse culpable de dos delitos fiscales por defraudar más de 350.000 euros durante la venta de mascarillas en la pandemia.
El Tribunal Supremo ha ordenado que no se borren las grabaciones de seguridad del día del registro, lo que podría proporcionar pruebas cruciales para la investigación. Viada, quien ejerce la acusación en esta causa, ha insistido en que su testimonio se basa únicamente en lo que presenció, sin emitir juicios de valor.
Durante su declaración, Viada mencionó que los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, presentes durante el registro, ‘no son idiotas’ y probablemente notaron la interacción entre García Ortiz y Sánchez Conde. Sin embargo, no consideró necesario informarles de inmediato sobre lo que había visto.
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El caso ha generado conmoción en la Fiscalía, ya que es inusual que un fiscal general sea objeto de una diligencia tan invasiva. Viada describió el ambiente en la Fiscalía como ‘estupefacto’, dado que la situación afecta directamente a la integridad y ética profesional de los involucrados.
Este incidente pone de relieve la importancia de mantener la confidencialidad y la ética en el ejercicio de funciones judiciales, especialmente en casos de alto perfil que involucran a figuras públicas. La resolución de esta investigación podría tener implicaciones significativas para la carrera de García Ortiz y la percepción pública de la justicia en España.
