La Fiscalía de Galicia ha trasladado a la Fiscalía General del Estado toda la documentación relacionada con el chalet de Eva Cárdenas, exdirectora de Zara Home y esposa de Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular y aforado como diputado. Este traslado implica que el caso recaerá en el Tribunal Supremo, dada la condición especial del político.
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El inmueble, situado en la playa de O Con, en Moaña (Pontevedra), ocupa, según el Boletín Oficial del Estado (BOE), un terreno de dominio público. Este detalle, junto con las denuncias de posibles irregularidades urbanísticas, administrativas y medioambientales, motivaron dos denuncias presentadas a finales de 2024 por Miguel Delgado, responsable de la Plataforma del Sector Marítimo Pesquero de Galicia (Pladesamepesga).
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Denuncias y procedimientos
Las denuncias, dirigidas tanto a la Fiscalía General del Estado como al Fiscal Superior de Galicia, acusan a tres personas: Alberto Núñez Feijóo, debido a su condición de aforado; Eva Cárdenas; y Leticia Santos, alcaldesa de Moaña. Según los escritos, los presuntos delitos estarían vinculados con irregularidades en la gestión urbanística y medioambiental del chalet, calificado como una «mansión ilegal» por los denunciantes.
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En un comunicado oficial, la Fiscalía de Galicia señaló que el caso requiere una doble remisión:
- A la Fiscalía General del Estado, para atender el escrito directamente dirigido a este organismo.
- Al Tribunal Supremo, debido a la condición de aforado de Núñez Feijóo, lo que implica que el caso debe ser gestionado por la Sección Penal del alto tribunal.
La Fiscalía gallega también decretó la apertura de un «expediente gubernativo» y el archivo del caso en su sede autonómica, dejando el asunto en manos de los órganos judiciales superiores.
Expectativas de los denunciantes
Miguel Delgado, en declaraciones a medios de comunicación, expresó su confianza en que el Tribunal Supremo abrirá diligencias para investigar el caso. Según el representante de Pladesamepesga, es necesario realizar peritajes ambientales y urbanísticos para determinar los daños y responsabilidades. Además, solicitó la comparecencia de los denunciados y de los funcionarios relacionados con la cuestión.
Un caso con repercusión nacional
El caso ha captado la atención pública debido al perfil de los implicados y a las acusaciones de irregularidades en un terreno de dominio público. La investigación podría arrojar luz sobre posibles infracciones urbanísticas en una de las zonas más emblemáticas del litoral gallego.
Por el momento, la resolución de este controvertido asunto queda en manos de la Fiscalía del Tribunal Supremo, que deberá determinar los próximos pasos a seguir en esta causa.
