Varios centros educativos de la Comunidad de Madrid han recibido en los últimos días instrucciones verbales de la inspección de Educación para retirar banderas palestinas y cualquier muestra de apoyo a Gaza. La medida, atribuida al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, se justifica en la necesidad de mantener la neutralidad política en las aulas, aunque contrasta con las iniciativas de solidaridad con Ucrania que la propia administración autonómica impulsó en 2022 tras la invasión rusa.
El colectivo Marea Palestina: la educación contra el genocidio, integrado por docentes, ha anunciado que emprenderá acciones legales al considerar que la prohibición vulnera la libertad de cátedra y la autonomía de los centros educativos. “Se trata de una doble vara de medir”, denuncia el profesor jubilado Carlos Díez Hernando, que asegura que estas órdenes se transmiten de forma verbal tanto a colegios públicos como concertados.
La diferencia de trato respecto a Ucrania es significativa: en 2022, el Ejecutivo regional organizó colectas de alimentos en 1.580 colegios y alentó actividades escolares de apoyo al pueblo ucranio. El propio vicepresidente y consejero de Educación, Enrique Ossorio, visitó centros para promocionar esas campañas. Incluso se permitió que alumnos de primaria realizaran murales con mensajes solidarios.
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Preguntada por este periódico, la Consejería de Educación niega haber emitido una instrucción general. Un portavoz sostiene que únicamente se recuerda a los directores de los centros “la obligación de mantener la neutralidad política” cuando alguna actividad pudiera relacionarse con asuntos de actualidad internacional.
La polémica ha trascendido al ámbito político. El ministro y líder del PSOE madrileño, Óscar López, calificó la decisión de “infumable” y “un nuevo gesto de apoyo al genocidio que se vive en Gaza”.
Este debate no es exclusivo de Madrid. La semana pasada, un instituto de Cádiz fue obligado por la Junta de Andalucía a retirar de su fachada tanto una bandera palestina como otra ucraniana, en aplicación de una sentencia del Tribunal Supremo que impide exhibir banderas no oficiales en edificios públicos.
