Más de 600 menores migrantes han sido trasladados desde las Islas Canarias en lo que muchos describen como un proceso marcado por el desarraigo y la incertidumbre. La situación ha generado preocupación entre defensores de los derechos de la infancia y organizaciones sociales, que denuncian que los menores son tratados “como paquetes”, sin consideración por sus necesidades emocionales y sociales.
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La controversia se intensifica tras la reciente orden del Tribunal Supremo, que instruye al Gobierno a garantizarles asilo inmediato. Sin embargo, algunos de los menores no desean ser reubicados, lo que ha generado tensiones entre las autoridades y los jóvenes, quienes ya habían empezado a adaptarse a su entorno en Canarias.
Expertos señalan que el traslado masivo de menores plantea riesgos psicológicos y sociales significativos, y llaman a que cualquier medida tenga en cuenta su bienestar integral, no solo la logística administrativa.
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Las autoridades insisten en que los traslados son necesarios para garantizar una atención adecuada y equilibrar los recursos en diferentes regiones del país, pero reconocen la complejidad de gestionar un proceso que afecta directamente a la vida de cientos de menores.
