En el juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, la acusación particular insiste en pedir cuatro años de cárcel para el Álvaro García Ortiz por revelación de secretos, mientras una de las acusaciones populares rebaja la pena solicitada.
La acusación particular ejercida por Alberto González Amador —pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso— ha reafirmado que pide cuatro años de prisión, además de tres años de inhabilitación y suspensión de empleo, para el fiscal general del Estado, Álvaro‐García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos.
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Se trata del mismo juicio donde García Ortiz se enfrenta a peticiones de hasta seis años de cárcel y doce de inhabilitación, según las distintas acusaciones. En esta jornada de juicio la defensa del fiscal ha presentado varias pruebas documentales con el fin de sostener que no hubo filtración del correo que las acusaciones le imputan.
Las acusaciones populares —Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y una agrupación que incluye a Vox— también han mantenido sus peticiones de pena, aunque una de ellas, Manos Limpias, ha reducido su solicitud de prisión de cuatro a tres años al aplicar la atenuante de vulneración del secreto sumarial.
Durante la sesión, la defensa aportó certificaciones que indican que el correo en cuestión permanecía alojado en una cuenta genérica de la Fiscalía y que estaba accesible a varios funcionarios, además de un acta de soportes digitales. Estas pruebas buscan cuestionar la filtración que se le imputa al fiscal.
Esta fase del juicio se desarrolla en un contexto de tensión institucional, pues la petición de la acusación particular – liderada por la pareja de Díaz Ayuso – y la figura del fiscal general convierten el proceso en un asunto con alto impacto político y mediático.
