La operación, ligada al ‘caso mascarillas’, señala directamente a los familiares de Javier Aureliano García por su presunta implicación en adjudicaciones irregulares y posibles comisiones ilegales.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto el foco en los hermanos del presidente de la Diputación de Almería, Javier Aureliano García, al considerar que podrían haber participado en una trama destinada a amañar contratos de material sanitario durante los meses más críticos de la pandemia. Aunque la operación ha salpicado también al propio presidente y a otros cargos de la Diputación, las diligencias subrayan el papel central que habrían desempeñado sus familiares en el presunto entramado.
Los agentes investigan si los hermanos actuaron como intermediarios entre empresas proveedoras y la institución provincial, facilitando adjudicaciones exprés bajo supuestos criterios de urgencia. Las primeras conclusiones apuntan a que podrían haber influido en la contratación de material sanitario, beneficiando a compañías concretas y obteniendo a cambio ventajas económicas o comisiones.
El operativo incluyó registros en dependencias oficiales, domicilios particulares y sedes empresariales vinculadas a la familia García, donde se ha intervenido documentación que podría sostener la existencia de favores administrativos y contratos otorgados sin los controles exigidos.
La UCO también examina si la red pudo aprovechar el contexto excepcional de la pandemia para inflar precios, acelerar adjudicaciones o saltarse procedimientos legalmente establecidos, algo que ya ha sucedido en otras investigaciones relacionadas con la compra de mascarillas en distintas administraciones del país.
El caso ha generado un fuerte impacto político en la provincia, ya que sitúa a la familia del máximo responsable institucional en el centro de un escándalo que combina posibles delitos de cohecho, malversación y blanqueo. Mientras avanza la investigación, la presión sobre la Diputación y su presidente se intensifica, debido a la gravedad de los indicios y a la relevancia pública de los implicados.
