El horror cotidiano en Venezuela no distingue edad ni inocencia. La adolescente Samantha Sofía Hernández, de 16 años y estudiante de 5º de Bachillerato, fue arrancada por la fuerza de la casa de sus abuelos en Caracas por agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Su padre permanece desaparecido desde enero, presuntamente detenido por la dictadura, al igual que su hija.
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El motivo de la detención de Samantha, según denuncias públicas de su madre Ámbar Castillo, es su vínculo familiar con el teniente Cristhian Hernández, militar exiliado y crítico del régimen. «Se la llevaron sin orden de detención ni allanamiento. Hago responsables al gobierno y al ministro de Interior por los daños físicos, psicológicos y emocionales a mi hija», declaró Castillo en un vídeo difundido en redes sociales, solicitando la intervención de organismos internacionales.
Diosdado Cabello, número dos del oficialismo, ha sido señalado por la oposición y organizaciones de derechos humanos como responsable de coordinar represalias contra familiares de militares críticos del régimen, tanto dentro como fuera del país. La práctica, conocida como sippenhaft, se asemeja a las represalias nazis contra familiares de opositores y ha sido documentada por Naciones Unidas en varios informes, incluyendo testimonios de torturas y violaciones durante detenciones clandestinas.
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El terrorismo de Estado en Venezuela también afecta a personas mayores. La doctora Marggie Orozco, de 65 años, recibió una condena de 30 años de cárcel por expresar públicamente su preocupación por la escasez de medicinas y las condiciones sanitarias. Por su parte, Meryl Torres de Sequea, de 71 años, permanece desaparecida desde hace dos meses tras acudir a una farmacia con su sobrina, mientras que su hijo está encarcelado en el Rodeo 1 bajo condiciones de aislamiento extremo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares para proteger a ambas mujeres.
Otro caso es el de María Auxiliadora Delgado Tabosky, detenida desde 2019 por su vínculo familiar con un militar rebelde. La jueza que la condenó a 30 años reconoció que su detención se basó en la “vinculación consanguínea”.
«Encarcelar a familiares es una práctica cruel que busca castigar a inocentes y quebrar la esperanza de todos. El mensaje es que nadie está a salvo», señaló Rafael Uzcátegui, director del Laboratorio de Paz.
La persecución política en Venezuela, que alcanza a menores y ancianos, evidencia un terrorismo de Estado sistemático que no respeta la ley ni los derechos humanos fundamentales.
