La magistrada que investiga la gestión de la DANA reclama documentación clave para aclarar si hubo coordinación indebida entre el despacho de abogados y el presidente de la Diputación de Alicante durante la crisis de inundaciones.
La jueza encargada de la instrucción por la gestión de la DANA ha solicitado al bufete Pérez-Llorca la factura del teléfono con el que su equipo mantuvo una conversación con Carlos Mazón, presidente la Diputación de Alicante, en pleno episodio de lluvias e inundaciones. Este requerimiento se produce dentro de las diligencias que investigan posibles fallos en la respuesta institucional durante la tormenta.
El objetivo de la magistrada es determinar si existió una comunicación privilegiada o coordinada entre el gabinete legal y el político mientras los servicios de emergencia actuaban sobre el terreno. Según fuentes judiciales, esa conversación podría esclarecer la implicación del despacho en la toma de decisiones o en la estrategia informativa durante la emergencia.
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Desde el despacho Pérez-Llorca aún no han emitido un comunicado oficial, aunque el requerimiento obliga a presentar una copia de la factura y los registros asociados al número utilizado en dicha llamada. Para la jueza, dicho documento podría revelar cuándo se produjo el contacto, su frecuencia o duración, datos que podrían ser determinantes en la investigación.
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La petición se suma a otras ya realizadas sobre documentación interna, informes técnicos y alertas previas al temporal, que buscan reconstruir cualquier posible omisión, retraso o negligencia en la gestión de los barrancos y cauces en la zona. El análisis detallado de estas comunicaciones telefónicas podría aportar luz sobre el papel de los diferentes actores implicados, como autoridades políticas, servicios de emergencias y equipos técnicos del despacho.
Este movimiento judicial evidencia la profundidad de la instrucción, que no solo se limita a evaluar los aspectos técnicos del fenómeno meteorológico, sino también las decisiones políticas y los contactos que pudieron influir durante la crisis. La factura del teléfono no es, para la jueza, un mero dato administrativo: es una pista potencial para revelar si el bufete y el presidente de la Diputación mantuvieron un canal activo más allá de lo institucional.
