La magistrada que investiga la gestión de la DANA reclama documentación clave para aclarar si hubo coordinación indebida entre el despacho de abogados y el presidente de la Diputación de Alicante durante la crisis de inundaciones.
La jueza encargada de la instrucción por la gestión de la DANA ha solicitado al bufete Pérez-Llorca la factura del teléfono con el que su equipo mantuvo una conversación con Carlos Mazón, presidente la Diputación de Alicante, en pleno episodio de lluvias e inundaciones. Este requerimiento se produce dentro de las diligencias que investigan posibles fallos en la respuesta institucional durante la tormenta.
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El objetivo de la magistrada es determinar si existió una comunicación privilegiada o coordinada entre el gabinete legal y el político mientras los servicios de emergencia actuaban sobre el terreno. Según fuentes judiciales, esa conversación podría esclarecer la implicación del despacho en la toma de decisiones o en la estrategia informativa durante la emergencia.
Desde el despacho Pérez-Llorca aún no han emitido un comunicado oficial, aunque el requerimiento obliga a presentar una copia de la factura y los registros asociados al número utilizado en dicha llamada. Para la jueza, dicho documento podría revelar cuándo se produjo el contacto, su frecuencia o duración, datos que podrían ser determinantes en la investigación.
La petición se suma a otras ya realizadas sobre documentación interna, informes técnicos y alertas previas al temporal, que buscan reconstruir cualquier posible omisión, retraso o negligencia en la gestión de los barrancos y cauces en la zona. El análisis detallado de estas comunicaciones telefónicas podría aportar luz sobre el papel de los diferentes actores implicados, como autoridades políticas, servicios de emergencias y equipos técnicos del despacho.
Este movimiento judicial evidencia la profundidad de la instrucción, que no solo se limita a evaluar los aspectos técnicos del fenómeno meteorológico, sino también las decisiones políticas y los contactos que pudieron influir durante la crisis. La factura del teléfono no es, para la jueza, un mero dato administrativo: es una pista potencial para revelar si el bufete y el presidente de la Diputación mantuvieron un canal activo más allá de lo institucional.
