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Facua-Consumidores en Acción ha denunciado que la Dirección General de Tráfico (DGT) estaría “favoreciendo un fraude masivo” en la comercialización de balizas de emergencia V-16, al detectar que algunas empresas venden dispositivos anunciados como “homologados por la DGT” sin aclarar que carecen de conectividad con Tráfico y que dejarán de ser válidos a partir del 1 de enero de 2026. La organización ha exigido la puesta en marcha de un “protocolo de alerta pública” que informe a los conductores sobre estas irregularidades de manera clara.
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“No basta con decir que los consumidores deben consultar la web de la DGT. La Administración tiene que actuar ante el uso ilícito de su logotipo”, ha señalado Rubén Sánchez, secretario general de Facua. Según la organización, la venta de estas balizas sin la debida información constituye un acto de engaño que podría permitir a los afectados reclamar el importe de los dispositivos.
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Por su parte, la DGT ha recordado que, aunque no apoyaba la comercialización de balizas sin conectividad, la Sala Tercera del Tribunal Supremo autorizó en 2021 el uso de dispositivos sin geolocalización hasta enero de 2026. Fuentes de Tráfico han indicado que desde el principio se recomendó a los consumidores verificar en la web de la DGT si los dispositivos estaban conectados al sistema, donde se publican listados y certificados de modelos homologados.
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Facua critica la “pasividad” de Tráfico y la ausencia de comunicación directa a los conductores sobre la obligación que entrará en vigor en enero. Sánchez ha advertido que, aunque los conductores deban conocer la norma, quienes compraron balizas engañosamente anunciadas podrían reclamar responsabilidades a las empresas vendedoras.
La organización subraya que la falta de información sobre la conectividad de las balizas vulnera varias normas, entre ellas el artículo 5 de la Ley de Competencia Desleal, los artículos 20 y 60 de la Ley General para la defensa de los consumidores y el Real Decreto que regula las balizas. Facua ha llamado a los consumidores a presentar denuncias ante las autoridades de consumo de sus comunidades autónomas o del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, y continuará recopilando casos de información incompleta o engañosa.
