El Congreso de los Diputados celebra este jueves su último Pleno de 2025, donde aprobará la Ley de Atención a la Clientela. La jornada se saldará con una doble resolución polémica: el Gobierno logrará vetar la enmienda del Senado que rebajaba el IVA a la carne y pescado alegando un coste de 3.780 millones de euros, mientras que la mayoría de investidura tumbará la limitación del catalán en la atención al cliente de grandes empresas.
El texto de la Ley de Atención a la Clientela saldrá adelante hoy, a pesar de que Junts había amenazado con un bloqueo general a las iniciativas del Ejecutivo. Sin embargo, la norma regresa del Senado con dos importantes modificaciones introducidas por el PP que serán resueltas de forma opuesta.
No a la rebaja del IVA de los alimentos
El Partido Popular había aprovechado su mayoría absoluta en el Senado para incluir una rebaja del IVA al 4% para carnes, pescados y conservas, y eliminar el impuesto por completo a productos básicos como leche, queso, huevos, frutas y verduras. La medida, que Feijóo defiende para combatir el encarecimiento de la cesta de la compra, buscaba aplicarse entre enero y junio de 2026.
El Gobierno ha ejercido su derecho de veto en el Congreso, argumentando que la iniciativa supondría una afectación presupuestaria de 3.780 millones de euros en reducción de ingresos. La Mesa del Congreso, con la mayoría del PSOE y Sumar, ha dado por bueno el veto, provocando que la enmienda decaiga.
Esta práctica genera un fuerte choque institucional, pues es la cuarta vez en la legislatura que el Gobierno veta en la Cámara Baja enmiendas aprobadas por la Alta. El PP defiende que el veto debería aplicarse en el Senado. De hecho, existe controversia legal sobre esta práctica: en marzo, el letrado mayor del Congreso consideró que la decisión era contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional, aunque su recomendación no fue vinculante.
Blindaje de las lenguas cooficiales
En contraste, se espera que la mayoría de investidura (incluyendo al PSOE, Sumar y Junts) una sus votos para blindar la atención al cliente en lenguas cooficiales en todo el territorio nacional, y no solo en las comunidades con idioma propio, como había propuesto el PP en el Senado.
El acuerdo, pactado por el Gobierno con Junts en septiembre, obliga a las empresas de más de 250 empleados, las que facturen más de 50 millones o las que operen en sectores de interés general, a ofrecer la posibilidad de ser atendidos en catalán, euskera o gallego, además de castellano, en cualquier punto de España. El PP había tratado de limitar esta obligación territorialmente, pero las fuentes parlamentarias dan por segura la derrota de su enmienda.
