A medida que Bulgaria se aproxima a la adopción del euro, el país se encuentra en medio de una nueva crisis política, marcando ya sus octavas elecciones legislativas anticipadas desde abril de 2021. La situación se agrava tras la renuncia del Gobierno, que asumió funciones en enero, un evento que ocurrió justo un día después de que miles de ciudadanos salieran a las calles para exigir su dimisión.
El primer ministro conservador, Rosen Zhelyazkov, comunicó su renuncia, argumentando que «hemos escuchado la voz de la sociedad». Esta decisión se tomó justo antes de que el Parlamento se preparara para votar una moción de censura impulsada por la oposición contra su gabinete, que incluye a los partidos GERB, Socialista Búlgaro (BSP) y ITN, todos los cuales han sufrido un desgaste considerable en la confianza pública.
El Ejecutivo tripartito, que asumió el poder el 15 de enero de este año, fue el resultado de arduas negociaciones tras las elecciones de octubre de 2024, que representaron las séptimas elecciones anticipadas en un período de tres años y medio. Sin embargo, los constantes bloqueos y vetos entre las diversas fuerzas políticas han comprometido la capacidad de formar un gobierno estable.
La reciente renuncia del Gobierno ha intensificado la incertidumbre en un país ya marcado por la desconfianza hacia una élite política acusada de corrupción. En este contexto, la fuerza política más votada, GERB, liderada por el ex primer ministro Boiko Borisov, ha dejado claro que no tiene intención de negociar un nuevo acuerdo de gobierno en la actual configuración parlamentaria.
Las emergentes elecciones anticipadas parecen inevitables, en un escenario donde la mayoría de las formaciones en el poder dependen del apoyo de la minoría DPS-Nuevo Comienzo, dirigida por Delyan Peevski, un oligarca sancionado internacionalmente. La combinación de partidos en el Gobierno no ha logrado obtener suficiente apoyo para hacer avanzar leyes críticas.
Borisov, en un mensaje dirigido a sus seguidores, ha enfatizado la necesidad de que las elecciones se realicen lo antes posible, idealmente en marzo de 2026. Se espera que el Gobierno presente formalmente su renuncia al Parlamento, tras lo cual continuará en funciones hasta que una nueva administración asuma el cargo.
En medio de esta crisis política, la adopción del euro programada para el 1 de enero podría crear preocupaciones sobre un posible aumento de precios, algo que la ciudadanía considera crítico. Borisov ha manifestado que aunque el Gobierno actual presente su dimisión, se encargará de evitar cualquier subida de precios, afirmando que «este Gobierno dimitido ya no opera».
Las tensiones sociales han llegado a un punto culminante, reflejándose en masivas protestas lideradas por jóvenes que exigen la renuncia de miembros influyentes, incluida la de Borisov y Peevski. Con la corrupción como eje de sus demandas, estas manifestaciones han buscado un cambio profundo en la política búlgara, intentando asegurar un futuro que no dependa de la emigración.
