La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo el control del chavismo, ha tomado la decisión unánime de derogar la adhesión del país al Estatuto de Roma, un tratado que establece la Corte Penal Internacional (CPI). Esta acción fue anunciada por Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento, quien argumentó que la iniciativa tiene como propósito «denunciar al mundo la inutilidad y el vasallaje» de la CPI.
La ley fue aprobada en paralelo al anuncio de la CPI sobre el cierre de su oficina técnica en Caracas, alegando una falta de «progreso real» en el ámbito de la «complementariedad», que requiere que los países investiguen previamente los crímenes imputados antes de que el tribunal internacional intervenga.
Rodríguez realizó una fuerte crítica a la CPI, sugiriendo que en lugar de cumplir con su mandato para proteger a los pueblos, esta institución actúa como un instrumento del «imperialismo norteamericano». En el debate, enfatizó que el propósito de la legislación es también manifestar apoyo al sufrimiento del pueblo palestino.
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Con la aprobación de esta ley, el Parlamento comenzará el proceso de remisión al presidente Nicolás Maduro, quien tiene la responsabilidad de su promulgación. La ley entrará en vigencia tras su publicación en la Gaceta Nacional, el medio oficial del Gobierno de Venezuela.
Durante un debate relacionado con este proyecto de ley, Rodríguez alegó que la CPI muestra un «vasallaje» absoluto, refiriéndose a la postura de sus jueces, a los que acusó de no cumplir con su función de impartir justicia ni de proteger derechos humanos. Este descontento no es nuevo, ya que la CPI ha sido objeto de críticas por su escaso pronunciamiento sobre conflictos internacionales, como el conflicto entre Israel y Palestina.
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A pesar de que la CPI emitió órdenes de detención en 2024 contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y su exministro de Defensa por crímenes de guerra en Gaza, Rodríguez se quejó de que no se toman medidas suficientes ante el «genocidio» en esa región. La Corte Internacional ha sido vista con desconfianza en muchos sectores de América Latina.
La decisión de cerrar la oficina en Caracas fue comunicada por la Fiscalía de la CPI, quien aseguró que la investigación sobre los supuestos crímenes de lesa humanidad en Venezuela «permanece activa» a cargo de fiscales trabajando desde La Haya. Tanto el cierre de la oficina como la derogación del Estatuto de Roma marcan una escalada en las tensiones entre Venezuela y la Corte Penal.
La CPI abrió una investigación sobre Venezuela en 2018 a raíz de las denuncias presentadas por varios países y organizaciones no gubernamentales. Desde entonces, el gobierno de Maduro ha intentado obstaculizar el progreso del caso, insistiendo en que su propio sistema judicial realiza investigaciones de manera adecuada. Sin embargo, la Corte rechazó esa afirmación en 2023, reactivando las pesquisas por crímenes de lesa humanidad que han generado una creciente preocupación a nivel internacional.
