La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad pública encargada de gestionar la participación del Estado en empresas estratégicas, se ha convertido en el eje de una investigación judicial que ha llevado a la detención de su exdirectora general, Leire Díez, al expresidente Vicente Fernández y al socio de Servinabar, Antxon Alonso.
El juez Ismael Moreno, que dirige la causa en la Audiencia Nacional, rechazó “por el momento” la petición de Díez de anular los audios incorporados al caso, mientras la investigación sigue bajo secreto de sumario.
Qué es la SEPI y por qué importa
La SEPI es una entidad con plena personalidad jurídica y patrimonio propio, responsable de gestionar las participaciones del Estado en empresas de sectores estratégicos como energía, defensa, telecomunicaciones y transporte. Entre sus activos más relevantes se encuentran Airbus, Navantia, Correos y RTVE. Además de supervisar los fondos públicos destinados a estas compañías, la SEPI juega un papel central en la política industrial del Estado, gestionando reestructuraciones y garantizando la competitividad de las empresas públicas.
Implicación de Leire Díez
Leire Díez estuvo al frente de la SEPI entre 2018 y 2019. La investigación apunta a que podría haber favorecido a determinadas empresas en la adjudicación de contratos públicos, presuntamente sin cumplir los procedimientos de licitación. Las pesquisas también se centran en supuestas irregularidades en la gestión de contratos de gran envergadura, especialmente en el sector energético.
Detalles de la operación
La UCO realizó 19 registros en Madrid, Zaragoza y Sevilla, entre otras ciudades, y mantiene a los detenidos en los calabozos de la Comandancia de Madrid hasta su declaración ante el juez. Se les imputan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
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Servinabar, empresa vinculada a Antxon Alonso, habría formado uniones temporales de empresas (UTE) con Acciona para participar en concursos públicos, cobrando un porcentaje de los contratos sin ejecutar los trabajos. Vicente Fernández, tras dejar la SEPI, fue contratado por la misma compañía y percibió más de 200.000 euros en tres años.
Fuentes del sector señalan que la llamada “trama de Leire” habría buscado asesorar a empresas para hacer negocios con la administración durante el Gobierno de Pedro Sánchez, mientras supuestamente desplazaba a competidores considerados contrarios a la línea de Ferraz.
