La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha puesto bajo investigación al bar La Bola, ubicado en la isla de la Cartuja de Sevilla, tras sospechar que su propietario, Vicente Cecilio Fernández Guerrero, ex presidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), podría haber utilizado el establecimiento para blanquear dinero procedente de amaños en contratos públicos.
El modesto bar, conocido por sus desayunos y menús económicos que sirven a trabajadores del entorno del parque tecnológico de la Cartuja, ha experimentado un notable incremento en su facturación desde que Fernández asumió como administrador único de la sociedad propietaria, La Bola Innovación SL, en 2023. Según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil, el bar facturó 386.996,68 euros, un aumento del 29,2% respecto al año anterior, mientras que su rentabilidad operativa creció un 58,08%.
Te interesa
Los empleados del local aseguran no conocer personalmente a Fernández y declaran que únicamente realizan su trabajo: “Llevo aquí dos semanas, no conozco al dueño ni sé nada, solo hago mi trabajo”, comenta uno de los camareros. Los clientes habituales también subrayan que se trata de un bar normal, sin indicios visibles de irregularidades.
Las investigaciones de la UCO se enmarcan en la última fase de la operación que apunta a una trama de corrupción liderada por antiguos altos cargos del PSOE, entre ellos Santos Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. Fernández fue detenido junto a la conocida como ‘fontanera’ del PSOE, Leire Díez, y al empresario navarro Antxon Alonso, vinculado a la empresa Servinabar, presuntamente implicada en la canalización de mordidas y contratos amañados.
Fernández, que recientemente fue absuelto en otra causa judicial relacionada con la mina de Aznalcóllar, había trabajado en Servinabar entre 2021 y 2023, antes de hacerse cargo de La Bola. A pesar de la discreción del local y la normalidad aparente de su funcionamiento, los investigadores analizan ahora si las cifras del bar corresponden únicamente a la actividad comercial o si podrían incluir ingresos procedentes de las presuntas mordidas.
El bar La Bola, abierto desde 2015, se ha convertido en un foco de interés mediático mientras la UCO continúa con su investigación sobre posibles irregularidades financieras vinculadas a contratos públicos.
