El sector lácteo español atraviesa uno de sus momentos más delicados tras la drástica reducción del número de explotaciones ganaderas, una situación especialmente acusada en Galicia, históricamente motor de la producción nacional. Este retroceso ha llevado a las administraciones y a distintos agentes económicos a valorar alternativas para cubrir la demanda interna, entre ellas la importación de leche procedente de terceros países como Marruecos.
En la última década, el número de granjas lecheras gallegas se ha reducido casi a la mitad, evidenciando el colapso de un modelo basado en pequeñas y medianas explotaciones familiares. El incremento constante de los costes de producción, unido a la presión del mercado y a una competencia cada vez más agresiva, ha dejado a muchos ganaderos sin margen de supervivencia.
Ante este escenario, la opción de recurrir a importaciones ha provocado un fuerte malestar entre los productores nacionales. Los ganaderos consideran que esta vía supone un fracaso de las políticas públicas destinadas a proteger el sector primario y advierten de que, en lugar de reforzar la dependencia exterior, deberían impulsarse medidas para rescatar la producción nacional y garantizar su viabilidad a largo plazo.
La posible entrada de leche procedente de países extracomunitarios ha generado además un intenso debate dentro del sector agrario. Organizaciones profesionales alertan de las diferencias en las condiciones de producción, así como de los estándares sanitarios, ambientales y laborales respecto a los exigidos en la Unión Europea. A su juicio, convertir esta alternativa en una solución estructural podría poner en riesgo tanto la seguridad alimentaria como la soberanía productiva de España.
Mientras tanto, el futuro del sector lácteo sigue marcado por la incertidumbre, a la espera de que se adopten medidas que frenen la desaparición de explotaciones y eviten una mayor dependencia del exterior para un producto considerado estratégico.
