El desarrollo del puerto Dakhla Atlantique, a menos de 500 kilómetros de Gran Canaria, refuerza la proyección geopolítica de Marruecos en el Atlántico medio y plantea riesgos directos para los intereses canarios y españoles.
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Dajla, ciudad situada en la costa del Sáhara Occidental, se ha convertido en uno de los puntos más sensibles del tablero geopolítico del Atlántico medio. Su futuro puerto, denominado Dakhla Atlantique, avanza como una infraestructura clave dentro de la estrategia marítima y económica de Marruecos, con implicaciones directas para Canarias, tanto en el ámbito portuario como en el político y estratégico.
Ubicada a unos 475 kilómetros de Gran Canaria, Dajla se asienta en un territorio cuyo estatus jurídico internacional permanece sin resolver y que Naciones Unidas considera pendiente de descolonización. Sin embargo, Marruecos impulsa en la zona una política de hechos consumados. El nuevo puerto, cuya construcción se encuentra aproximadamente al 40% y cuya finalización está prevista entre 2028 y 2029, no es un proyecto menor: aspira a convertirse en una gran plataforma logística, industrial y energética orientada al comercio atlántico, la exportación pesquera y agrícola, y la conexión con África occidental y América.
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El proyecto forma parte de la denominada Iniciativa Atlántica marroquí, una estrategia a largo plazo con la que Rabat busca consolidar su influencia en las rutas marítimas del Atlántico medio. A su alrededor se prevén zonas industriales, infraestructuras viarias, desarrollos en energías renovables y una intensa acción diplomática para atraer inversión extranjera y reconocimiento internacional.
Más allá del impacto económico, el trasfondo es claramente político. El control efectivo de Dajla permitiría a Marruecos reforzar sus reclamaciones de soberanía sobre el Sáhara Occidental y, en consecuencia, aspirar a delimitar aguas territoriales y zonas económicas exclusivas tomando como referencia esa costa. Este escenario tendría consecuencias directas para Canarias en ámbitos clave como la pesca, el acceso a recursos, la delimitación marítima y el control del espacio aéreo y marítimo atlántico. Además, el puerto de Dajla se perfila como un competidor directo de los puertos canarios, poniendo en riesgo el papel histórico del archipiélago como nodo logístico entre Europa, África y América.
Todo ello se produce en un territorio en disputa entre Marruecos y el pueblo saharaui, sobre el que España mantiene una responsabilidad internacional como antigua potencia administradora. No obstante, la política exterior española muestra una creciente contradicción. Aunque formalmente Madrid sigue respaldando el marco de Naciones Unidas y el derecho de autodeterminación, en la práctica ha dado señales que Rabat interpreta como un aval a su estrategia, especialmente tras el apoyo al plan marroquí de autonomía para el Sáhara, carente de valor jurídico internacional.
Esta ambigüedad se ha visto reforzada por actuaciones concretas. La reciente misión comercial de empresarios canarios a Dajla ha sido interpretada como un reconocimiento de facto de la soberanía marroquí sobre el territorio, normalizando una situación no reconocida internacionalmente y debilitando la posición futura de España. A ello se suma la última Reunión de Alto Nivel entre el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el jefe del Ejecutivo marroquí, Aziz Ajanuch, en la que el Sáhara volvió a quedar relegado, mientras Marruecos consolidaba su agenda sin contrapartidas visibles.
El resultado es una clara asimetría estratégica. Marruecos despliega una política coherente, expansiva y sostenida en el Atlántico medio, mientras España adopta una posición marcada por la ambigüedad o la inacción. Esta dinámica afecta de lleno a los intereses de Canarias, especialmente en un contexto de creciente competencia portuaria y de futura redefinición de los espacios marítimos.
Dajla, lejos de ser un asunto distante, se perfila como una pieza central en un Atlántico en transformación. Ignorar su relevancia o aceptar como irreversible una situación creada mediante hechos consumados no equivale a neutralidad, sino a una cesión estratégica cuyas consecuencias pueden ser profundas y duraderas para Canarias y para el conjunto de España.
