El subsidio para mayores de 52 años seguirá activo en 2026, pero junto a él llega una nueva obligación: los beneficiarios tendrán que presentar la declaración del IRPF para continuar percibiendo la ayuda, según lo confirmado por el SEPE y la Agencia Tributaria.
La normativa que regula el subsidio para mayores de 52 años exige desde 2026 que las personas que lo perciben presenten cada año la declaración de la renta, incluso si sus ingresos no superan los umbrales habituales. Esta obligación ya impacta en las ayudas ligadas al subsidio, con el fin de “reforzar el control y la transparencia de los fondos públicos”.
El requisito de la declaración se suma a la declaración anual de rentas (DAR) que muchos beneficiarios ya deben presentar cada 12 meses. Ahora, por lo tanto, quienes cobren esta prestación deberán realizar dos trámites distintos: la declaración de rentas y, además, la declaración ordinaria del IRPF.
Desde el SEPE advierten que no presentar la declaración supondrá la suspensión automática del subsidio. Si en la declaración se detectan ingresos indebidos o renta por encima del umbral permitido, el subsidio podría retirarse y exigirse la devolución de lo cobrado de forma irregular.
Este cambio forma parte de una reforma más amplia orientada a que quienes cobren prestaciones por desempleo o subsidios —sea el de mayores de 52 años u otros— deban declarar sus ingresos aunque sean bajos. En 2026, esa obligación fiscal será generalizada para este colectivo.
Qué deben hacer los beneficiarios en 2026
- Presentar la declaración de la renta correspondiente al año fiscal 2025, independientemente de los ingresos obtenidos.
- Mantener al día la declaración anual de rentas vinculada al subsidio.
- Conservar documentación e información sobre ingresos —pensiones, rentas, rentas del capital u otros subsidios— para justificar la ayuda en caso de requerimiento.
- Prestar especial atención a los plazos: no hacerlo puede suponer la suspensión inmediata de la ayuda.
La continuidad del subsidio para mayores de 52 años en 2026 puede suponer un alivio para miles de personas, pero la nueva obligación de declarar la renta convierte esta ayuda en una prestación sujeta a un mayor control. Para muchos beneficiarios, será clave cumplir correctamente con los trámites y estar atentos a los plazos si quieren mantener su derecho a la prestación. La transparencia se impone —pero también la responsabilidad.
