La Sección Primera de la Audiencia de Navarra ha acordado reabrir la investigación sobre la presunta venta de una menor de 14 años por 5.000 euros con el objetivo de casarla en la localidad leridana de Mollerussa. El tribunal considera necesario practicar nuevas diligencias de instrucción ante la existencia de indicios de criminalidad.
La decisión estima el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal contra el auto de sobreseimiento dictado el pasado 6 de noviembre por el Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Tudela, que había acordado el archivo provisional de la causa.
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Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), la Audiencia entiende que el archivo fue “absolutamente prematuro” y que existen indicios suficientes para continuar con la investigación. En su resolución, la Sala sostiene que la menor habría sido entregada en enero de 2025 por sus padres a otro matrimonio con la finalidad de concertar su boda con el hijo de estos, de 21 años.
La menor fue localizada posteriormente en el domicilio de la familia investigada en Mollerussa. Además, el tribunal señala la existencia de indicios de que la joven habría sido obligada a mendigar e incluso a participar en acciones delictivas. En este sentido, consta que fue identificada por los Mossos d’Esquadra el 9 de septiembre de 2025 en Bellpuig, donde se encontraba pidiendo dinero, y nuevamente el 4 de octubre en Les Borges Blanques.
En ambas ocasiones, fue recogida por los investigados, quienes manifestaron a los agentes que eran familiares de la menor y que esta residía con ellos debido a la carga laboral de sus padres, residentes en Zaragoza. Aunque portaban una partida de nacimiento y afirmaban que la menor iba a estudiar en la zona, la resolución judicial indica que no estaba escolarizada.
La Audiencia recuerda que la escolarización es un derecho y un deber legal, y que su incumplimiento puede conllevar sanciones administrativas, responsabilidades penales para los progenitores e incluso medidas civiles como la suspensión de la patria potestad o la declaración de desamparo.
El tribunal también destaca que en el atestado policial constan fotografías aportadas por un testigo en las que aparece la menor junto a su presunto marido y los padres de este durante la celebración de una boda. Asimismo, subraya que el hecho de que la menor no se reconozca como víctima en su declaración no implica que no lo sea.
Ante lo que califica como un “riesgo evidente” para la menor, la Audiencia considera que existen indicios de delitos de trata de seres humanos y coacciones, relacionados con un posible matrimonio forzado y una transacción económica. Por ello, concluye que el sobreseimiento no era procedente y ratifica la medida de alejamiento adoptada.
Entre las diligencias acordadas figura la toma de declaración de un testigo que habría sido amenazado por el entorno familiar de la menor y que aportó información relevante, como fotografías del supuesto enlace, el precio de la entrega y datos sobre la localización de la joven. También se solicitarán informes a los Mossos d’Esquadra y a los servicios sociales de Corella, localidad navarra donde residía la menor, para evaluar la situación familiar y social.
