Un análisis del centro de estudios revela que uno de cada cuatro trabajadores extracomunitarios en España se encuentra en situación irregular. El sector doméstico y la hostelería concentran el grueso de la economía sumergida que el Gobierno busca legalizar.
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La reciente regularización migratoria aprobada por el Gobierno de España promete transformar el mapa laboral del país. Según un informe detallado de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), elaborado por el investigador Florentino Felgueroso, actualmente existen en España unos 550.000 trabajadores extranjeros extracomunitarios que operan fuera del sistema de la Seguridad Social. La medida busca integrar a este colectivo en la economía formal, proporcionándoles la protección legal y social de la que hoy carecen.
El estudio, realizado en colaboración con BBVA Research, destaca que el número de trabajadores en situación irregular se ha duplicado desde 2021, impulsado por el auge migratorio que ha sostenido el crecimiento económico español en los últimos años. Los datos son contundentes: el 25% de los trabajadores de fuera de la UE en España no cotiza, una cifra que evidencia la magnitud de la brecha entre la población activa real y la afiliación oficial.
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El rostro femenino y sectorial de la irregularidad
Uno de los hallazgos más significativos de Fedea es el marcado sesgo de género en el «trabajo en la sombra». Las mujeres representan el 60% de los casos de irregularidad detectados. Esto se explica por su alta presencia en sectores tradicionalmente opacos:
- Empleo del hogar: Concentra el 27% de los trabajadores irregulares, siendo el foco principal de la economía sumergida.
- Hostelería: Representa el 19% de la irregularidad.
- Industria manufacturera: Un 17%.
- Construcción: Supone el 16%.
Geográficamente, la irregularidad se concentra en las comunidades más pobladas. Cataluña (28%) y Madrid (22%) lideran el volumen total de trabajadores sin contrato, aunque en términos de incidencia porcentual, la Comunidad Valenciana encabeza la lista con un 25% de sus trabajadores extranjeros en situación informal.
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Desafíos: de la residencia a la cotización real
Fedea ha obtenido estas estimaciones cruzando los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) con los registros de afiliación a la Seguridad Social. Sin embargo, Felgueroso advierte de que la concesión de permisos de residencia no garantiza automáticamente el paso a la legalidad laboral.
«El hecho de que te autoricen la residencia no supone automáticamente que vayas a saltar a la legalidad en el mercado laboral», apunta el investigador.
Existen frenos económicos tanto para empleadores como para empleados, como la posible reducción del salario neto al comenzar a aplicar retenciones y cotizaciones. No obstante, el precedente de la regularización de 2005 bajo el gobierno de Zapatero arroja optimismo: en aquel momento, la medida no solo redujo la informalidad de los extranjeros, sino que generó un efecto arrastre que mejoró la legalidad en el conjunto del mercado de trabajo español.
