La Audiencia Provincial de Madrid juzgará el próximo miércoles al colaborador televisivo y a su exesposa, Makoke, acusados de eludir el pago de impuestos mediante un complejo entramado societario.
La Justicia encara una nueva causa de relevancia en el ámbito del fraude fiscal. La Fiscalía ha solicitado en sus conclusiones provisionales una pena de cinco años y seis meses de prisión para el colaborador televisivo Kiko Matamoros, al que acusa de haber ocultado su patrimonio a la Hacienda Pública para evitar el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. Del mismo modo, el Ministerio Público pide cuatro años de cárcel para su exesposa, María José Giaever, conocida popularmente como Makoke, al considerarla cooperadora necesaria en la comisión de estos delitos.
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El juicio, que se celebrará el próximo miércoles en la Audiencia Provincial de Madrid, abordará una presunta operativa de alzamiento de bienes que, según las estimaciones del Ministerio Fiscal, habría generado una deuda acumulada con el fisco de 1.086.597 euros entre los años 2009 y 2014, cuantía que comprende la cuota tributaria, los intereses de demora y las sanciones correspondientes.
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Un plan para vaciar el patrimonio personal
Según el escrito de acusación, Kiko Matamoros habría diseñado, desde el año 2009, una estrategia orientada a proteger su patrimonio frente a la acción ejecutiva de la Agencia Tributaria. El fiscal sostiene que el acusado era plenamente consciente de que sus ingresos eran «más que suficientes» para satisfacer las deudas contraídas, pero prefirió eludir los pagos para no ver mermada su «capacidad económica y forma de vida».
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Para materializar esta supuesta ocultación, el Ministerio Público detalla que Matamoros prescindió formalmente de la titularidad de cualquier bien o ingreso. Esta operativa se habría llevado a cabo mediante la creación de diversas empresas —entre ellas, Salto Mortal y Silla del Ring—, las cuales servían para canalizar su actividad en el sector televisivo, la prensa del corazón y su labor como representante de terceros, especialmente de su entonces esposa, Makoke.
El fiscal subraya que, mediante la interposición de estas sociedades y la firma de contratos paralelos, el colaborador evitaba figurar como perceptor de rentas, dificultando que la Agencia Tributaria pudiera cobrar las deudas acumuladas por su actividad profesional como tertuliano y comentarista.
La vivienda de Pozuelo de Alarcón
Entre los elementos destacados por la acusación figura la adquisición de una vivienda en el municipio madrileño de Pozuelo de Alarcón en el año 2011, valorada en 1.315.750 euros. Aunque el inmueble se convirtió en la residencia habitual de la pareja, el escrito sostiene que la titularidad se puso a nombre de Makoke con el objetivo específico de evitar una posible actuación de Hacienda contra Kiko Matamoros.
Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía solicita que ambos acusados afronten multas económicas: 33.000 euros para Kiko Matamoros y 30.750 euros para Makoke. Asimismo, el Ministerio Público reclama una indemnización conjunta a la Agencia Tributaria de 471.900 euros, a la que se sumaría una reclamación adicional de 636.697 euros que el colaborador debería abonar de forma individualizada.
Cabe recordar que Kiko Matamoros figuró durante varios ejercicios en la lista de morosos de Hacienda, entidad a la que accedió por primera vez en 2016 y en la que permaneció como gran deudor —por importes superiores a los 600.000 euros— hasta que salió del listado en 2022, un hecho que fue público al año siguiente.
