Fenadismer califica de «decepcionantes» las medidas del Gobierno y exige una revisión del decreto antes de que finalice marzo para evitar el paro del sector
El sector del transporte por carretera en España ha mostrado su firme rechazo al último paquete de medidas aprobado por el Ejecutivo para paliar el encarecimiento de la energía. La Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España (Fenadismer) y la Asociación General de Transportistas por Carretera (AGTC) han calificado de «decepcionantes y perjudiciales» las ayudas diseñadas para mitigar el impacto del conflicto en Oriente Medio. Ante esta situación, las organizaciones han advertido de la convocatoria de movilizaciones a nivel nacional si el Gobierno no modifica el decreto antes de que concluya el mes de marzo.
El malestar de los profesionales reside, principalmente, en lo que consideran una discriminación frente a los conductores particulares. Según sostiene Fenadismer, el diseño de la norma permite que los usuarios privados vean compensado prácticamente la totalidad del impacto del alza de los carburantes, mientras que los transportistas denuncian recibir ayudas que no cubren ni la mitad del sobrecoste real que soportan en su actividad diaria.
Un impacto de 250 millones de euros en tres semanas
La escalada de tensión internacional ha pasado una factura inmediata a las empresas de transporte. La federación cifra en 250 millones de euros el incremento acumulado de costes para el sector en apenas tres semanas desde el inicio del conflicto. En este escenario, la bonificación de 20 céntimos por litro anunciada por el Gabinete de Pedro Sánchez se considera insuficiente. Las asociaciones recuerdan que esta cuantía es idéntica a la aplicada en 2023, a pesar de que en aquel momento el precio del gasóleo era sensiblemente inferior al actual.
Te interesa
A este agravante se suma la denuncia por la eliminación de la figura del gasóleo profesional, vigente desde el año 2007. Fenadismer advierte de que la desaparición de este mecanismo reducirá, en la práctica, la eficacia de la ayuda en un 25%, limitando el margen de maniobra de los transportistas en un mercado con precios al alza.
Críticas al diseño técnico del decreto
Más allá de la cuantía económica, el sector cuestiona la arquitectura jurídica de la norma. Los transportistas señalan que el decreto dificulta el traslado del incremento de costes a los clientes finales, una situación crítica si se tiene en cuenta que el precio del gasóleo ha experimentado un repunte superior al 30% desde el comienzo de la crisis. «El sector no puede aceptar un decreto que, en la práctica, les deja en una situación más desfavorable que antes de su aprobación», subrayan desde la federación.
Asimismo, se critica la falta de actualización del peso del combustible dentro de la estructura de costes del transporte. Este índice es fundamental para calcular las revisiones de precios en los contratos de servicio. La omisión de este factor, advierten los representantes del sector, agrava la «precaria situación económica» de las pequeñas y medianas empresas, que componen el grueso del tejido productivo del transporte en España.
Incertidumbre en la cadena de suministro
La amenaza de protestas abre un frente de inestabilidad para el Gobierno en un momento de alta volatilidad energética. El transporte por carretera, erigido como un sector estratégico por su papel vertebrador en la cadena de suministro, ya protagonizó paros de calado en anteriores crisis. La posibilidad de nuevas movilizaciones introduce una notable incertidumbre sobre el normal abastecimiento de bienes en todo el territorio nacional, condicionado por la presión inflacionista y la inestabilidad internacional.
