La situación educativa en Ceuta no admite más diagnósticos: los datos del Informe PISA llevan años situando a la ciudad, junto a Melilla, en la cola del sistema educativo en España. No es una cuestión puntual ni coyuntural, es un problema estructural que exige decisiones firmes, liderazgo y responsabilidad.
Sin embargo, lo que se está proyectando desde la Dirección Provincial de Educación dista mucho de ese escenario. El caso de Miguel Señor Alonso se ha convertido en el símbolo de una gestión cuestionada y de una situación difícilmente defendible.
El episodio del “cese y no cese” no solo fue un esperpento institucional, sino también una muestra evidente de la falta de rumbo en un área clave. Anunciar su salida para después rectificar en cuestión de horas no refuerza la autoridad de la Administración, la debilita. Y lo que es peor, lanza un mensaje de improvisación en un momento en el que la educación en Ceuta necesita exactamente lo contrario.
Pero si ese episodio ya era grave desde el punto de vista político, más lo es aún el contexto judicial que rodea al actual responsable educativo. Sobre Miguel Señor Alonso pesa una querella por presunta prevaricación que, lejos de ser un asunto cerrado, sigue su curso en el juzgado. No estamos ante rumores ni ante debates políticos: hablamos de una causa judicial abierta que cuestiona directamente su actuación en el ejercicio de sus funciones.
Es cierto que la presunción de inocencia debe respetarse siempre. Pero también lo es que la responsabilidad pública no se limita a lo legal: incluye lo ético, lo institucional y lo ejemplar. Y aquí es donde la situación resulta insostenible.
¿De verdad puede permitirse Ceuta mantener al frente de su educación a un cargo envuelto en polémicas continuas, con una gestión discutida y con una querella viva en los tribunales? ¿Es ese el perfil que necesita una de las ciudades con peores indicadores educativos del país?
La respuesta, para muchos, es evidente.
Porque mientras se suceden los conflictos, las denuncias y los episodios de descrédito institucional, los verdaderos perjudicados siguen siendo los alumnos. Una generación que ya parte con desventaja respecto al resto del país no puede seguir soportando una gestión marcada por la controversia.
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La continuidad de Miguel Señor Alonso no solo genera dudas, sino que agrava el problema de fondo: la falta de confianza en el sistema educativo. Y sin confianza, no hay reforma posible.
Ceuta necesita un cambio. No solo en cifras, sino en liderazgo. Y mantener situaciones como esta solo contribuye a profundizar una crisis que ya es demasiado grave como para seguir ignorándola.
