El tribunal se muestra perplejo ante las declaraciones de trabajadores públicos que confirman la nula supervisión de la novia y la amiga del exministro.
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El «caso Ábalos» ha dejado de ser una investigación meramente administrativa para convertirse en un rompecabezas que desespera a los magistrados. Las últimas comparecencias de empleados de las empresas públicas bajo sospecha han dibujado un escenario de descontrol absoluto, donde los privilegios personales se imponían a cualquier lógica laboral.
Un interrogatorio marcado por el desconcierto
La sesión alcanzó su punto álgido cuando el juez, visiblemente frustrado por la falta de respuestas concretas sobre las funciones de las beneficiarias, lanzó una pregunta que evidencia la fragilidad de la defensa:
«¿Pero usted dónde trabaja? ¿Alguien la vio alguna vez por la oficina?»
El testimonio de los compañeros de departamento ha sido demoledor. Lejos de defender la profesionalidad de las contratadas, los trabajadores han descrito una estructura en la que la pareja y una amiga íntima del entonces ministro figuraban en nómina, pero carecían de despacho, tareas asignadas o supervisión directa.
Las grietas del sistema de contratación
Lo que los testigos han destapado ante el tribunal es una «maraña» diseñada para esquivar los controles de la administración pública:
- Puestos fantasma: Las implicadas ocupaban plazas técnicas de alta remuneración sin realizar acto de presencia habitual en las sedes oficiales.
- Opacidad jerárquica: Nadie en las empresas públicas parece ser capaz de identificar quién era el responsable directo de validar su trabajo o su horario.
- Acceso por «vía directa»: Los testimonios coinciden en que estas incorporaciones se saltaron los cauces habituales de recursos humanos, respondiendo únicamente a una orden política superior.
La lupa sobre el dinero público
Este nuevo capítulo judicial pone contra las cuerdas la gestión del exministro, al evidenciar que las entidades estatales pudieron ser utilizadas como un patrimonio privado para favores personales. El tribunal ahora intenta determinar la responsabilidad penal de quienes permitieron que estos «enchufes» se mantuvieran en el tiempo con fondos públicos, mientras los trabajadores de carrera asisten con estupor al relato de cómo se gestionaban sus propias empresas.
