La presidenta regional anuncia el recurso ante la Asamblea de Madrid para frenar lo que califica de «turismo sanitario» y un intento de «reventar» los servicios públicos
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado este jueves que su Gobierno interpondrá un recurso contra el real decreto aprobado este 2026 por el Ejecutivo central, el cual restablece el derecho a la atención sanitaria para los inmigrantes en situación irregular. Durante su intervención en el pleno de la Asamblea de Madrid, la mandataria autonómica ha justificado esta decisión legal como una medida necesaria para proteger la sostenibilidad del sistema público madrileño.
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«Estoy en contra del turismo sanitario y de la intención del Gobierno de Sánchez de reventarnos los servicios públicos», ha aseverado Ayuso, quien sostiene que la norma estatal busca «fundir y desguazar» la sanidad de la región. El decreto en cuestión, aprobado en Consejo de Ministros el pasado mes de marzo, regula el acceso universal a la salud para todas las personas extranjeras en España, independientemente de su estatus administrativo o de residencia legal.
Un procedimiento nacional para la cobertura sanitaria
La normativa del Gobierno central establece un protocolo uniforme en todo el país para reconocer la protección de la salud con cargo a fondos públicos. Según el decreto, los solicitantes deben manifestar que carecen de cobertura por otras vías, que no pueden exportar el derecho desde sus países de origen y que no existe un tercero obligado al pago de la asistencia. Además, el texto incluye garantías para personas con discapacidad, facilitando formatos de lectura fácil para la firma de la documentación.
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Ayuso, en respuesta a las cuestiones planteadas por el grupo Vox, ha diferenciado entre la atención humanitaria y la gestión migratoria. Si bien ha afirmado que no permitirá que nadie muera «en las puertas de un hospital», lo cual considera «inhumano», ha insistido en que el «desorden y la ilegalidad» de las políticas de Pedro Sánchez fomentan una regularización «sin control».
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Tensión con Vox y competencias estatales
La sesión parlamentaria ha estado marcada por el enfrentamiento entre la presidenta y la portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, quien ha cifrado en más de 700.000 los inmigrantes irregulares atendidos en Madrid desde 2019, cuestionando el coste económico de dichas prestaciones. Ayuso ha desmentido estas cifras y ha reprochado a Moñino su «demagogia», recordando que la Comunidad de Madrid carece de competencias en materia de fronteras, extranjería o políticas de inmigración.
«No son decisiones que adopta este Gobierno», ha recalcado la presidenta, instando a Vox a unirse a su denuncia contra la gestión del Ejecutivo central en lugar de responsabilizar a la administración autonómica. Por su parte, Pérez Moñino ha insistido en que Madrid «no puede ser el hospital del mundo» y ha alertado sobre el riesgo de colapso de los servicios públicos como consecuencia de las fronteras abiertas.
