El líder del PP endurece su discurso migratorio en vísperas de las elecciones andaluzas, condicionando la regularización al comportamiento cívico y el respeto a los derechos de las mujeres.
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MADRID / SEVILLA – En un giro estratégico hacia posiciones más duras en materia de extranjería, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha lanzado una advertencia directa a la población inmigrante en España: aquellos que cometan delitos, especialmente los relacionados con la violencia contra la mujer o el robo, no tendrán cabida en el proceso de regularización y serán expulsados del país.
El «contrato» de integración de Feijóo
Durante un acto de precampaña en apoyo a Juan Manuel Moreno Bonilla, Feijóo ha subrayado que la convivencia en España exige el cumplimiento estricto de las leyes y los valores occidentales. El líder de la oposición ha sido tajante al afirmar que la regularización no es un derecho automático, sino que debe estar sujeta a un compromiso de integración.
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«Aquel que venga a España a abusar de una mujer, a robar o a reincidir en delitos, no será regularizado; será expulsado», sentenció Feijóo, vinculando de forma explícita la permanencia en el país con el historial delictivo.
Un giro en el discurso ante el avance de la derecha dura
Esta retórica marca un distanciamiento del tono más moderado que el PP había mantenido en ciertos periodos y se alinea con la estrategia de competir por el electorado que actualmente se siente atraído por los mensajes de Vox. Feijóo ha insistido en que España necesita una «inmigración ordenada» que responda a las necesidades del mercado laboral y que acepte «sin matices» el marco constitucional español, especialmente en lo relativo a la igualdad de género.
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Reacciones políticas
Las declaraciones no han tardado en generar eco en el panorama político:
- Desde el Gobierno y el PSOE: Han acusado a Feijóo de «comprar el discurso de la extrema derecha» y de criminalizar de forma generalizada al colectivo inmigrante, utilizando datos que, según el Ejecutivo, no se corresponden con la realidad estadística de la criminalidad.
- Desde el PP: Defienden que se trata de una medida de «sentido común» para garantizar la seguridad ciudadana y proteger los servicios públicos y la convivencia.
Contexto electoral
Este endurecimiento del mensaje se produce en un momento clave, con las elecciones andaluzas de 2026 en el horizonte cercano. Andalucía, al ser una de las principales puertas de entrada de la migración irregular en Europa, se convierte en el escenario donde este debate cobra mayor relevancia electoral, permitiendo al PP disputar el control de la narrativa sobre seguridad y control de fronteras.
