El Ministerio del Interior revela que la Policía Nacional y la Guardia Civil utilizaron estos dispositivos en 154 ocasiones durante 2025. En lo que va de año, la tendencia se mantiene con 31 intervenciones registradas hasta marzo.
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MADRID – El uso de los dispositivos electrónicos de control, conocidos popularmente como pistolas Taser, se ha consolidado como una herramienta recurrente en las intervenciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Según datos oficiales facilitados por el Ministerio del Interior en una respuesta parlamentaria al diputado de EH Bildu, Jon Iñarritu, los agentes recurrieron a estas armas una media de una vez cada 57 horas durante el pasado año.
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En total, 2025 cerró con 154 usos registrados entre la Policía Nacional y la Guardia Civil. Esta frecuencia de uso no parece disminuir en 2026: en los primeros 77 días del año (hasta el 19 de marzo), los agentes ya han accionado estos dispositivos en 31 ocasiones, manteniendo un ritmo prácticamente idéntico al del ejercicio anterior.
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Un despliegue al alza
Actualmente, la Policía Nacional cuenta con un arsenal de 3.000 inmovilizadores eléctricos, con planes de alcanzar las 3.500 unidades para el año 2028. Por su parte, la Guardia Civil también ha integrado estos dispositivos en su equipamiento estándar para situaciones de alta tensión donde el uso de armas de fuego resultaría desproporcionado, pero el uso de la fuerza física es insuficiente.
El reglamento establece que estos dispositivos disparan dardos que, mediante una descarga eléctrica, interrumpen las señales del cerebro a los músculos, incapacitando temporalmente al sujeto. Interior subraya que, tras cada uso, es obligatorio que la persona afectada reciba una revisión médica para descartar lesiones graves.
Polémica y supervisión
La publicación de estos datos coincide con el reciente archivo judicial de la investigación sobre la muerte de Haitam Mejri, un hombre de 35 años fallecido en diciembre en Torremolinos tras una detención en la que se emplearon pistolas eléctricas. Aunque la justicia no ha hallado indicios de criminalidad en este caso concreto, organismos como Amnistía Internacional y el Defensor del Pueblo han reiterado su preocupación.
El Defensor del Pueblo ha advertido en diversos informes sobre el riesgo de un «uso abusivo» y ha recordado que estos dispositivos, aunque se presentan como «no letales», pueden causar «dolor y sufrimiento» considerables. Por ello, insisten en la necesidad de cámaras corporales que graben cada intervención para garantizar que el uso del dispositivo sea siempre el último recurso y se ajuste a los principios de proporcionalidad y necesidad.
