MADRID / ROMA – Un espeso muro de silencio sigue blindando el núcleo de la Iglesia católica española ante el drama de los abusos sexuales a menores. Una exhaustiva investigación de EL PAÍS, que acumula ya ocho años de rastreo y recepción de testimonios desde su inicio en 2018, arroja luz sobre la responsabilidad directa de la cúpula clerical: un total de 94 altos cargos eclesiásticos —entre ellos 61 obispos y siete cardenales— han sido señalados por encubrir de manera sistemática a pederastas en sus respectivas diócesis y órdenes durante décadas.
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Los datos analizados constatan que la jerarquía católica mantiene intactos los patrones de opacidad y resistencia frente a los escándalos. En un esfuerzo reciente por contrastar y evaluar la gestión interna de los abusos, este periódico se puso en contacto con 211 entidades (entre diócesis y congregaciones religiosas) planteando preguntas precisas sobre el tratamiento de las denuncias. La respuesta ha sido categórica: solo tres de ellas accedieron a contestar por completo, evidenciando que el escenario de hermetismo institucional, lejos de corregirse, ha empeorado.
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Bajo la sombra de la visita del Papa
Este balance sobre la impunidad llega en un momento de máxima sensibilidad eclesiástica, coincidiendo con la inminente visita oficial a España del papa León XIV. El impacto de la revelación de la lista de implicados afecta a la propia organización del viaje pontificio, ya que entre los señalados por supuestamente haber silenciado o tapado denuncias figura el actual arzobispo de Barcelona y cardenal, Juan José Omella, quien actúa como uno de los anfitriones principales de los actos del Santo Padre en suelo español.
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A pesar de que el papa León XIV mantiene un sólido respaldo popular en el país por sus posturas globales en materia social y geopolítica (como su férrea oposición a los conflictos bélicos), la gestión nacional de su propia Iglesia sufre un severo castigo en la opinión pública. Según una encuesta de 40dB. para EL PAÍS y la Cadena SER, más de la mitad de los españoles está convencido de que la Iglesia católica continúa encubriendo los casos de pederastia, y apenas un exiguo 8% de la población considera que los obispos han actuado con una transparencia real o suficiente en el manejo de este escándalo.
El goteo incesante de un archivo histórico
A lo largo de estos ocho años, las investigaciones periodísticas impulsadas a raíz de un buzón de denuncias habilitado para las víctimas han conseguido registrar un volumen sobrecogedor: más de 3.000 víctimas y al menos 1.613 acusados en España. Aunque el pasado mes de abril la Conferencia Episcopal Española (CEE) se vio forzada a reconocer por primera vez en su historia que tiene constancia de cerca de un millar de clérigos acusados de abusos, las asociaciones de víctimas siguen denunciando que los planes de reparación son insuficientes y lentos.
El clamor de los afectados no cesa. Mientras la cúpula eclesiástica se prepara para recibir al Pontífice en un clima de aparente normalidad institucional, las víctimas exigen que se rompa definitivamente el secreto de los archivos diocesanos y que el papa León XIV condene con firmeza el comportamiento de los 68 prelados implicados en el ocultamiento de estos delitos. «Espero que el Papa eche una bronca pública a los obispos», relataba una de las víctimas registradas en la investigación, resumiendo el sentir de un colectivo que sigue chocando contra el prolongado silencio de la mayoría de los obispados españoles.
