El magistrado de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha dictado un auto este jueves en el que acuerda prorrogar hasta el próximo 28 de mayo la instrucción de la causa que investiga a la aerolínea Plus Ultra. Esta decisión extiende el secreto de las actuaciones y el periodo de diligencias, que inicialmente estaba previsto que finalizara el 28 de abril.
El caso, que ha dado un giro significativo en los últimos meses, se centra ahora en un posible delito de blanqueo de capitales derivado del rescate público de 53 millones de euros que recibió la compañía.
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De un archivo judicial a la Audiencia Nacional
Lo que comenzó como una investigación sobre las irregularidades en la concesión de ayudas públicas ha evolucionado hacia una trama de mayor calado:
- El origen: Inicialmente, el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid archivó la causa sobre el rescate. Sin embargo, la insistencia de la Fiscalía Anticorrupción logró reabrir el proceso.
- El giro clave (2024): La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) halló indicios de que los fondos del rescate estatal podrían haber sido utilizados para canalizar y «limpiar» dinero proveniente de tramas de corrupción en Venezuela.
- Competencia actual: Debido a la complejidad y las ramificaciones internacionales, el juez Calama asumió la competencia en la Audiencia Nacional el pasado 3 de marzo.
Cronología de una investigación en expansión
La instrucción ha tomado velocidad tras los eventos de finales del año pasado, que marcaron un punto de inflexión para la cúpula de la aerolínea:
- Diciembre de 2025: Operación policial de la UDEF que culminó con la detención (y posterior puesta en libertad) del presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola; el CEO, Roberto Roselli; un abogado y el empresario Javier Martínez Martínez.
- Registro de oficinas: Los agentes recabaron abundante documentación fiscal en la sede central de la compañía.
- Ramificaciones actuales: El análisis de dicho material ha revelado que la causa tiene un alcance mucho mayor al planteado en la querella original, lo que ha justificado la necesidad de ampliar los plazos de instrucción actuales.
Nota del Juez: El magistrado considera indispensable este tiempo adicional para profundizar en el análisis de la información financiera y esclarecer el destino final de los fondos públicos bajo sospecha.
