MADRID – El Gobierno de España ha emitido una condena enérgica tras el bombardeo israelí en el sur del Líbano que se cobró la vida de la periodista Amal Khalil y dejó herida a su compañera Zainab Faraj. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo calificó estos hechos como una «grave violación del derecho internacional humanitario».
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Ataques contra la prensa y equipos de rescate
El incidente ocurrió en la localidad de At Tiri, mientras las reporteras ejercían su labor informativa. La denuncia del Gobierno español no solo se centró en el ataque directo a las periodistas, sino también en las agresiones sufridas por los equipos sanitarios, cuyas labores de rescate y evacuación de las víctimas fueron obstaculizadas de forma deliberada.
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«El derecho a la información es un derecho fundamental, esencial para garantizar la transparencia y la libertad de expresión. Estos ataques no deben quedar impunes», subrayó el Ministerio de Asuntos Exteriores.
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Un balance trágico para el periodismo
La muerte de Khalil se suma a una cifra alarmante que pone de relieve el peligro extremo que enfrentan los comunicadores en la región desde el inicio de las hostilidades en 2023:
- +230 periodistas asesinados en la Franja de Gaza.
- 23 periodistas fallecidos en Líbano.
- Fuente: Federación Internacional de Periodistas.
Llamado al cumplimiento de los convenios internacionales
España ha reiterado su llamado urgente a las partes en conflicto para que respeten el alto el fuego y se adhieran a las normas internacionales. El Ejecutivo recordó que, bajo el Protocolo I del Convenio de Ginebra de 1949, tanto los periodistas como el personal sanitario y humanitario gozan de una protección especial y no pueden ser blanco de ataques militares.
La postura de Madrid es clara: la protección de quienes narran la guerra es innegociable para garantizar el acceso a una información veraz para la ciudadanía global.
