El grupo parlamentario Vox ha registrado una Proposición No de Ley (PNL) de tramitación urgente en Les Corts Valencianes para instar al Consell a que solicite al Gobierno central medidas drásticas en materia de inmigración y servicios sociales. La formación busca blindar el acceso a las prestaciones públicas bajo el principio de «prioridad nacional».
Restricciones en sanidad, vivienda y servicios sociales
La propuesta, firmada por el portavoz José María Llanos y el portavoz adjunto David Muñoz, reclama un giro estructural en el sistema de bienestar. Entre las medidas más destacadas se encuentran:
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- Sanidad: Derogación del decreto que permite la atención sanitaria pública a extranjeros sin residencia legal (salvo en casos de emergencia vital).
- Vivienda: Establecer la prioridad absoluta para españoles en el acceso a vivienda social, protegida y bonificaciones fiscales.
- Pensiones: Reservar exclusivamente a los españoles las prestaciones y pensiones de naturaleza no contributiva.
- Asistencia Jurídica: Eliminar la justicia gratuita para extranjeros en procesos de expulsión y endurecer los requisitos de renta, auditando también el patrimonio en sus países de origen.
El concepto de «remigración»
Uno de los puntos más controvertidos del documento es la apuesta por la «remigración». Vox aboga por la repatriación de aquellos extranjeros que, según el texto, «no contribuyen con su trabajo al sostenimiento del Estado» y, por tanto, «erosionan el bienestar de los españoles». Asimismo, exigen el fin de los procesos de regularización extraordinaria.
Críticas a la gestión estatal y la seguridad
El escrito justifica estas peticiones denunciando una «profunda crisis» del Estado de bienestar provocada por la «inmigración masiva y descontrolada».
«Los sucesivos gobiernos del bipartidismo han fomentado un proceso que ha tensionado los servicios públicos hasta extremos insostenibles y ha causado el deterioro de la seguridad ciudadana», afirma el grupo parlamentario.
El «modelo extremeño» como referente
Vox ha puesto como ejemplo el reciente acuerdo de gobierno en Extremadura, donde se ha incorporado explícitamente el principio de prioridad nacional. El objetivo de la formación es que la Comunitat Valenciana sirva de altavoz para que este modelo se extienda a todo el territorio nacional, argumentando que quienes contribuyen con su esfuerzo no pueden ser «postergados» frente a quienes acaban de llegar de forma irregular.
