Red Eléctrica ha publicado este lunes un documental con motivo del primer aniversario del gran apagón del 28 de abril de 2025, el episodio que dejó sin suministro eléctrico a España peninsular y provocó una de las mayores crisis energéticas recientes. En la producción, la presidenta del operador del sistema, Beatriz Corredor, vuelve a defender la actuación de la compañía, niega que Red Eléctrica fuera responsable del cero eléctrico y rechaza dimitir.
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El documental, de unos 22 minutos, recoge testimonios de varios responsables de Redeia y Red Eléctrica, entre ellos Corredor, el consejero delegado Roberto García Merino y la directora de Operaciones, Concha Sánchez. La pieza insiste en que el operador actuó conforme a la normativa y centra buena parte de su relato en la reposición del sistema tras el apagón.
Corredor sostiene que Red Eléctrica “no falló” y que el incidente se produjo por una situación que, según su versión, “no era esperable”. La presidenta del operador también relata una conversación que, afirma, mantuvo el 29 de abril de 2025 en el Palacio de la Moncloa con un ejecutivo de una de las grandes eléctricas del país. Según su testimonio, esa persona señaló una planta de producción de su propia compañía y dijo que ya se estaba considerando como posible origen del apagón.
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La presidenta de Red Eléctrica no identifica a la empresa en el documental. No obstante, sus declaraciones llegan en un contexto de fuerte enfrentamiento con Iberdrola, que ha demandado a Red Eléctrica y a la propia Corredor por competencia desleal y vulneración del derecho al honor, después de que se apuntara a la planta fotovoltaica de Núñez de Balboa, en Badajoz, como una instalación relevante en el desarrollo del incidente. Un juzgado mercantil de Madrid ha asumido la competencia para tramitar la demanda de Iberdrola contra Red Eléctrica.
En el documental, Corredor afirma que de las investigaciones posteriores se desprendió que una de las plantas tuvo “una relevancia especial” en el recorrido del apagón. También reprocha que, un año después, determinados datos no se hayan hecho públicos y que se siga cuestionando, en su opinión, la realidad de los hechos.
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La compañía defiende que el apagón estuvo vinculado a un comportamiento anómalo de instalaciones de generación, a oscilaciones en el sistema y a posteriores desconexiones en cascada. Eduardo Prieto, director de Servicios para la Operación, sostiene en la producción que Red Eléctrica operó el sistema cumpliendo la normativa y que las variables de control estaban dentro de los márgenes previstos antes del colapso.
Otro de los mensajes centrales del documental es la defensa del proceso de recuperación del suministro. Los responsables de Redeia destacan la rapidez con la que se repuso el sistema eléctrico tras el apagón y subrayan que, en las primeras horas, pudieron descartar un problema de ciberseguridad en sus instalaciones. Esa hipótesis fue mantenida inicialmente por el Gobierno durante semanas, aunque Red Eléctrica asegura que internamente no vio indicios de un ciberataque en sus sistemas.
La directora de comunicación de Redeia, Eva Pagán, acusa a las eléctricas de haber convertido su defensa en un ataque contra Red Eléctrica para proteger sus “intereses corporativos”. También critica la difusión de transcripciones y audios que, según la empresa, se han presentado de forma sesgada y descontextualizada para desplazar el foco de los informes técnicos.
El documental no menciona, sin embargo, el expediente sancionador por “falta muy grave” abierto por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia contra Red Eléctrica. La CNMC mantiene investigaciones tanto sobre el operador como sobre compañías eléctricas por las circunstancias que rodearon el apagón, en un caso que continúa generando acusaciones cruzadas entre el Gobierno, el regulador, Red Eléctrica y las grandes empresas del sector.
Un año después del apagón, Red Eléctrica mantiene intacta su línea de defensa: niega responsabilidad directa, rechaza la dimisión de su presidenta y atribuye el origen de la crisis a fallos de comportamiento y cumplimiento en determinadas instalaciones de generación. Las eléctricas, por su parte, sostienen que el operador no planificó adecuadamente el sistema y que no anticipó los riesgos derivados de la alta presencia de energía fotovoltaica y la baja programación de centrales síncronas.
El aniversario del apagón llega así sin una conclusión plenamente aceptada por todas las partes y con varios frentes abiertos en el terreno técnico, regulatorio y judicial. Mientras Red Eléctrica busca reforzar su relato público con este documental, el sector eléctrico sigue dividido sobre las causas reales de uno de los incidentes más graves del sistema energético español.
