Manuel Morocho, principal investigador de la trama, asegura que la operación Kitchen se realizó sin autorización judicial y que incluyó maniobras contra su propio grupo de la UDEF.
Madrid – El juicio por el denominado «caso Kitchen» se reanuda este jueves en la Audiencia Nacional con la continuación del testimonio de Manuel Morocho, el inspector jefe que lideró las investigaciones sobre el caso Gürtel y la contabilidad paralela del Partido Popular. En esta decimocuarta jornada, el foco se centra en las presuntas maniobras parapoliciales para obstaculizar el avance de la justicia.
Durante el inicio de su comparecencia, Morocho afirmó con rotundidad haber constatado, a partir de agosto de 2015, la existencia de una operativa policial sobre Luis Bárcenas que carecía de control judicial. Según el testigo, esta operación no solo se dirigía contra el extesorero, sino también «contra» el Grupo 21 de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) que él mismo encabezaba, con el fin de interferir en el mandato del juez instructor.
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Desmontar la tesis de la trama parapolicial
Tras haber respondido a las acusaciones y a la defensa del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, este jueves es el turno de las defensas de otros nueve acusados. Los abogados defensores buscarán cuestionar el testimonio de Morocho para debilitar la acusación principal: la existencia de una red dedicada a sustraer documentos comprometedores para el PP en manos de Bárcenas antes de que llegaran al juzgado.
Puntos clave de la declaración
El testimonio de Morocho ha puesto de relieve varios aspectos críticos del caso:
- Presiones internas: El inspector denunció haber recibido presiones directas de sus superiores para modificar informes, incluyendo instrucciones específicas para no mencionar el nombre del expresidente Mariano Rajoy.
- Investigación «en la sombra»: Morocho identificó una dación de información de la Dirección Adjunta Operativa (DAO) como el origen del hallazgo de esta estructura paralela que actuaba al margen del procedimiento oficial.
- Conflicto de competencias: El inspector sostiene que mientras su grupo trabajaba por orden judicial, otra facción policial operaba para proteger los intereses del partido en el Gobierno en aquel momento.
La sesión de hoy se presenta determinante para contrastar los detalles de esta presunta trama de espionaje y robo de documentos, en un juicio que busca depurar responsabilidades sobre el uso de recursos del Ministerio del Interior para fines particulares y partidistas.
