Madrid, 5 de mayo de 2026 — En un movimiento decisivo para garantizar los derechos de la infancia, el Consejo de Ministros ha aprobado hoy, en primera vuelta, una ambiciosa reforma de la ley de protección a los menores frente a la violencia. La medida estrella de este anteproyecto, impulsado por el Ministerio de Juventud e Infancia, establece la obligatoriedad de escuchar a los menores en los juicios que les afecten, eliminando cualquier límite de edad.
Esta reforma busca que la voz del menor no sea un trámite opcional, sino un pilar fundamental de la justicia. Hasta ahora, la edad del menor solía ser un factor determinante para decidir si su testimonio era tomado en cuenta; con el nuevo texto, el sistema judicial deberá adaptarse para escuchar a niños y niñas en cualquier etapa de su desarrollo.
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Claves de la nueva normativa
El anteproyecto no solo se centra en el derecho a ser escuchados, sino que introduce cambios profundos en la resolución de conflictos familiares y administrativos:
- Custodia compartida bajo lupa: Se impedirá la concesión de la custodia compartida en casos donde existan indicios de que esta modalidad pueda afectar negativamente al bienestar físico o emocional del menor.
- Justificación del «Interés Superior»: Todas las resoluciones administrativas y judiciales deberán justificar de manera expresa y detallada cómo la decisión tomada protege el bienestar psicológico y emocional del niño.
- Entornos seguros: El objetivo central es blindar los entornos donde se desenvuelven los menores, priorizando su seguridad ante cualquier otra circunstancia.
«El interés superior del menor tendrá que justificarse expresamente en todos los actos y resoluciones, detallando cómo se protege mejor su bienestar físico y psicológico», detalla el anteproyecto.
Un freno a la violencia de género
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la ministra portavoz, Elma Saiz, subrayó la urgencia de estas medidas basándose en cifras críticas. Saiz recordó que el asesinato de 68 menores por violencia de género entre 2013 y marzo de 2026 es una realidad que «evidencia la necesidad de seguir avanzando en la mejora del sistema de protección».
Con esta reforma, el Ejecutivo busca cerrar las brechas de vulnerabilidad y asegurar que el sistema judicial sea un espacio de amparo real, donde el bienestar del menor prevalezca sobre cualquier interés adulto. El texto inicia ahora su andadura legislativa para su aprobación definitiva.
