La Comisión de Interior aprueba una reforma histórica de la Ley General Penitenciaria tras un pacto entre PSOE, PP y PNV, que reforzará la seguridad jurídica de los trabajadores e incluirá al personal laboral gracias a una enmienda.
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MADRID. – La Comisión de Interior del Congreso de los Diputados ha aprobado el reconocimiento de los funcionarios de prisiones como agentes de la autoridad. La medida se ha materializado en el marco de la ponencia encargada de debatir una iniciativa presentada por el PSOE, la cual ha salido adelante gracias a un acuerdo político alcanzado con el Partido Popular y el Partido Nacionalista Vasco. Esta reforma, que modifica el artículo 80 de la Ley General Penitenciaria de 1979, tendrá aplicación en todo el territorio nacional y afectará de manera directa al centro penitenciario de Ceuta. Tras este consenso, la propuesta deberá ser ratificada de forma oficial para iniciar formalmente su correspondiente tramitación parlamentaria.
Fin a una histórica reclamación sindical
El estatus de agente de la autoridad constituye una de las reivindicaciones más longevas por parte de las organizaciones sindicales del sector penitenciario, cuyo propósito fundamental es elevar los niveles de protección y seguridad de estos profesionales en el ejercicio cotidiano de sus funciones dentro de las cárceles. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calificado el avance parlamentario de «victoria» para el colectivo, remarcando que la iniciativa supondrá un progreso sustancial en la seguridad jurídica y en las condiciones laborales de las plantillas.
Por su parte, el sindicato Tu Abandono Me Puede Matar (TAMPM) también ha manifestado su satisfacción con el acuerdo. La organización ha puesto en valor el éxito de una enmienda introducida a propuesta del PP y defendida por las siglas sindicales, concebida para integrar explícitamente al personal laboral en dicho reconocimiento legal. Desde TAMPM han advertido que otros textos previos dejaban fuera a este tipo de contratados, por lo que celebran una inclusión que busca amparar a la totalidad de los trabajadores del sistema con independencia del área en la que ejerzan sus tareas.
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Implicaciones jurídicas de la reforma
La futura modificación de la Ley Penitenciaria conllevará repercusiones directas sobre la cobertura legal de los empleados públicos de los centros penitenciarios. Una de las novedades de mayor calado técnico será la atribución de presunción de veracidad a los testimonios emitidos por los funcionarios en el marco de determinados procedimientos administrativos o judiciales.
Asimismo, la obtención de este nuevo estatus legal llevará aparejada la revisión al sector de las coberturas de resarcimiento, abriendo la puerta a un incremento en las cuantías de las indemnizaciones derivadas de los daños personales o materiales que los trabajadores puedan llegar a sufrir en el desempeño de su actividad.
