MADRID – Giro radical en el bloque de investidura. Los principales aliados parlamentarios del PSOE y Sumar han comenzado a «recoger cable» y a retirar su apoyo cerrado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por presuntos delitos de tráfico de influencias. Tras la publicación y lectura del detallado auto del juez de la Audiencia Nacional, Ismael Calama, las formaciones de izquierda han pasado de denunciar de forma unánime una campaña de «guerra sucia judicial» (lawfare) a exigir explicaciones inmediatas al Palacio de la Moncloa, admitiendo la gravedad de los indicios.
El cambio de postura se ha escenificado con dureza en los pasillos del Congreso, donde las tesis conspirativas de las primeras horas han dado paso a la preocupación y al reproche político.
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Rufián: «Tengo afecto por Zapatero, pero también ojos en la cara»
El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que apenas 24 horas antes había salido en tromba a defender al expresidente, ha mostrado un semblante visiblemente afectado durante la sesión de control al Gobierno. Tras leer las 88 páginas del auto judicial, el líder republicano ha admitido el impacto de la información.
«Estoy muy jodido. Yo no soy objetivo; tengo un enorme respeto y afecto por Zapatero, pero también tengo ojos en la cara», ha manifestado Rufián en el hemiciclo.
A pesar de que el portavoz de Esquerra ha intentado deslizar que la causa responde en parte a que Zapatero es «un enorme activo de la izquierda», ha sido tajante con la gravedad del escenario: «Si esto es verdad, es una mierda; pero si es mentira, es una mierda aún mayor. Esto a la gente progresista le rompe el corazón».
Fisuras en Sumar y críticas al estatuto de los expresidentes
Dentro del propio espacio de Sumar, el discurso ha cambiado por completo. Si el día anterior portavoces como Verónica Barbero o Gerardo Pisarello sembraban dudas sobre la limpieza del proceso, este miércoles las exigencias de transparencia han tomado el control.
- Enrique Santiago (IU): Ha sido el más contundente al señalar la ilegalidad de los hechos investigados: «Si se han cobrado cantidades por gestiones políticas, eso es un delito, claramente». Asimismo, ha urgido a regular de forma estricta las actividades económicas de los exjefes del Ejecutivo.
- Alberto Ibáñez (Compromís): Tras analizar el texto del juez, ha sentenciado que «el auto no pinta bien» y ha criticado que Pedro Sánchez no haya ofrecido explicaciones suficientes. «No es normal que te llames Zapatero, Felipe González o Aznar y trabajes en empresas que asesoran a multinacionales para ver cómo llegar a las administraciones públicas».
- Àgueda Micó (Compromís): Ha desinflado directamente la estrategia de defensa de la Moncloa al admitir que, en este caso, «no está tan claro que haya lawfare».
Podemos desmarca su gestión y apunta al Consejo de Ministros
Desde los escaños de Podemos, la secretaria general Ione Belarra ha advertido de que la situación del Gobierno se está poniendo «muy cuesta arriba» y ha asegurado que el futuro judicial de Zapatero y el futuro político de Pedro Sánchez están completamente «atados».
«De confirmarse toda esa información, esto no se puede hacer sin el Gobierno de España; esa decisión se toma desde el Consejo de Ministros», ha lanzado Belarra.
La líder de la formación morada ha aprovechado para desvincular a su partido de las decisiones del rescate a la aerolínea Plus Ultra —germen de la investigación—, recordando que, aunque en ese momento formaban parte del Gobierno de coalición, «las grandes decisiones económicas estaban en manos del PSOE».
El PNV y Coalición Canaria exigen «celeridad»
La onda de choque del caso judicial ha alcanzado también a los socios de perfil más moderado. En una comparecencia conjunta, el lehendakari Imanol Pradales (PNV) y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo (Coalición Canaria), han reconocido la extrema gravedad de la situación política y han demandado al unísono que el Gobierno ofrezca explicaciones «con la máxima celeridad y transparencia».
