Líderes territoriales y miembros de la Ejecutiva exigen una reacción inmediata para demostrar que «no hubo connivencia» con la exmilitante, mientras la dirección federal prefiere esperar a los avances de la investigación.
MADRID. — La tensión interna en el PSOE va en aumento. Un número creciente de dirigentes del máximo nivel de la cúpula del partido, federaciones territoriales y alcaldes de grandes municipios están exigiendo a Ferraz que pase a la ofensiva legal de manera inmediata y presente una querella contra Leire Díez, la presunta fontanera que supuestamente operó bajo las órdenes del ex secretario de Organización, Santos Cerdán, para obstaculizar investigaciones judiciales y policiales.
El objetivo de esta maniobra es puramente político: salvaguardar la reputación de las siglas y trasladar a la ciudadanía el mensaje contundente de que «no hubo ninguna connivencia» con la exmilitante.
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“Cada minuto que pasa sin querellarnos nos perjudica, se está trasladando una imagen que no corresponde, como si el PSOE escondiera algo”, advierte un miembro de la dirección federal.
Ferraz pide tiempo frente a la ansiedad de los territorios
A pesar de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se abrió el pasado viernes a estudiar acciones legales, la dirección oficial de Ferraz mantiene una postura de cautela. Fuentes oficiales del partido aseguran que no se descarta ninguna vía judicial, pero que prefieren estar “a la espera de los avances de la investigación”.
En la misma línea se ha manifestado la vicesecretaria general, María Jesús Montero, quien ha pedido dejar trabajar a los expertos de forma rigurosa antes de acudir a los tribunales.
Esta prudencia choca frontalmente con el hartazgo de los barones y secretarios autonómicos, quienes recuerdan que el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ya exigió esta querella en octubre del año pasado. «Ya vamos tarde», sentencian desde varias federaciones, donde temen que la tardanza proyecte la falsa sensación de que se teme lo que Díez pueda revelar.
Las claves judiciales del caso Leire Díez
- La acusación principal: Díez está acusada desde finales del año pasado de favorecer rescates, contratos y ayudas públicas a cambio de comisiones fraudulentas que suman 750.000 euros, presuntamente repartidos con el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Joseba Antxon Alonso.
- Imputación de la gerente: El juez Santiago Pedraz investiga si Santos Cerdán ordenó remunerar a Díez con 4.000 euros al mes con cargo a los fondos del partido a través de una facturación falaz, motivo por el cual la gerente del PSOE, Ana María Fuentes, se encuentra imputada. El partido defiende que Fuentes fue engañada.
- Citación de Cristina Narbona: La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detectó una conversación de abril de 2024 en la que Díez ofrecía a la presidenta del PSOE «ayuda cualificada» para contrarrestar los ataques judiciales a la familia del presidente. Como consecuencia, Narbona declarará como testigo el próximo 10 de julio en la Audiencia Nacional.
Un horizonte judicial adverso
El debate sobre la conveniencia de la querella también genera ciertas dudas menores. Algunos regidores advierten del riesgo de emprender acciones contra Díez si se demuestra que actuaba bajo el amparo directo de la Secretaría de Organización de Cerdán.
Sin embargo, el sentimiento mayoritario en el socialismo es de absoluto agotamiento ante el daño reputacional, en un contexto especialmente delicado: las filas socialistas asumen con resignación disciplinada la cuenta atrás para la declaración de la próxima semana del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, imputado por presunto tráfico de influencias, tras haber retrasado su comparecencia ante el juez José Luis Calama para apuntalar su defensa.
