El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel y a Koldo a 19; Aldama evita la prisión tras confesar
MADRID.– La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado una de las sentencias más contundentes de la historia reciente contra la corrupción política en España. El Alto Tribunal ha condenado al exministro de Transportes, José Luis Ábalos, a una pena de 24 años y tres meses de prisión, y a su exasesor, Koldo García, a 19 años y ocho meses, al considerarlos culpables de delitos de organización criminal, cohecho continuado, malversación y tráfico de influencias en el marco del denominado ‘caso Mascarillas’. Por el contrario, el empresario y comisionista de la trama, Víctor de Aldama, ha resultado condenado a una pena menor de cuatro años y medio de cárcel y ha quedado eximido de ingresar en prisión gracias a su confesión activa y a los documentos aportados durante la investigación.
El texto de la resolución judicial da por probado el esquema de enriquecimiento ilícito articulado desde el núcleo del Ministerio de Transportes durante el peor momento de la crisis sanitaria. Según detalla el tribunal, Ábalos, valiéndose de su autoridad indiscutible como ministro y exsecretario de Organización del PSOE, constituyó junto a los otros dos acusados una auténtica red delictiva. En este entramado, Koldo García operó de forma sistemática en nombre de Ábalos, actuando como su mano derecha y «correa de transmisión» directa con el sector empresarial para el desvío y adjudicación irregular de contratos públicos.
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La severidad de los castigos impuestos a la cúpula de la organización radica, según justifica el propio Tribunal Supremo, en el grave deterioro que estas prácticas infunden sobre las instituciones democráticas del Estado y la confianza ciudadana. Los magistrados señalan que Ábalos delinquió desde la cúspide de un órgano constitucional, lo que agrava la naturaleza de su conducta criminal y sitúa su condena como la mayor pena privativa de libertad impuesta a un exministro en las últimas décadas. En el apartado de las compensaciones económicas, la trama deberá devolver de manera conjunta más de 430.000 euros derivados de los beneficios detectados por el cobro ilícito de mordidas y alquileres de inmuebles de lujo gestionados por la red criminal.
La contrapartida de la sentencia la protagoniza Víctor de Aldama. Pese a que el Ministerio Fiscal solicitaba una condena inicial de siete años y una multa millonaria de 3,7 millones de euros, el Supremo le ha aplicado una atenuante analógica de colaboración «muy cualificada». Al salir del tribunal, el empresario declaró brevemente ante los medios de comunicación asegurando que «la colaboración en este país sirve». Para evitar el ingreso en el centro penitenciario, Aldama quedará sujeto a la condición de no volver a delinquir, realizar un año completo de trabajos en beneficio de la comunidad y presentarse periódicamente ante el juzgado para aportar un informe semestral que justifique de manera detallada todas sus actividades comerciales y personales.
