Madrid, 29 de junio de 2026. — El magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado la imputación de 25 personas en el marco del conocido como ‘caso Leire’. Entre los nuevos investigados destaca la actual presidenta de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda. La causa rastrea una presunta trama criminal que realizaba maniobras para influir en ayudas públicas y desestabilizar procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o el Gobierno.
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En una providencia dictada este lunes, el juez Pedraz señala que, tras analizar un detallado escrito de la Fiscalía Anticorrupción, procede la investigación formal al existir sólidos «indicios de criminalidad».
Altos cargos de empresas públicas y privadas, en la diana
La resolución judicial extiende las imputaciones a un amplio abanico de directivos y ex altos cargos de sectores estratégicos y de la administración pública. Entre los nombres más relevantes figuran:
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- Ámbito de la SEPI y empresas estatales: Julián Mateos Aparicio (director del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas), Miguel Ángel Santiago Mesa (director corporativo), Rosario Martín Manzanedo y Félix Azcona Lacarra. También se incluye a José Vicente Berlanga (expresidente de Enusa) y José Ramón Sempere (expresidente de Mercasa).
- Sector empresarial: Francisco Irazusta y Carlos López de las Heras (expresidente y consejero delegado de Tubos Reunidos, respectivamente); Francisco Javier López Buciega (exdirectivo de Acciona) y Antonio José Sánchez Campos (hijo del dueño de Forestalia).
- Ámbito institucional y legal: Juan Antonio Carrillo Donaire (catedrático y exmiembro del consejo consultivo andaluz) y Miguel Ángel Figueroa Teva (exinterventor general de la Junta de Andalucía).
El origen: comisiones bajo sospecha y facturas «mendaces»
Las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se centraron inicialmente en la concesión de una ayuda pública de 112,9 millones de euros otorgada por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos.
Según Anticorrupción, el grupo bautizado como Hirurok («Nosotros tres» en euskera) —presuntamente integrado por Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso— habría maniobrado ilícitamente para asegurar la aprobación del préstamo. A cambio, habrían percibido una comisión de 114.950 euros canalizada a través de la empresa Mediaciones Martínez bajo el concepto de «prospección de mercados». La UCO califica estas facturas de «mendaces», sosteniendo que el verdadero motivo del pago fue el cobro de la comisión.
La sombra de la presidencia en la sombra: Los investigadores de la Guardia Civil señalan el papel clave de Vicente Fernández (expresidente de la SEPI), quien habría facturado 40.000 euros por estas gestiones. Además, la UCO sospecha que Fernández siguió ejerciendo de facto el control del organismo público antes de que se nombrara formalmente a su sucesor, asistiendo a reuniones clave, tomando decisiones e impartiendo instrucciones internas.
La investigación se expande a cinco operaciones
Aunque el detonante del caso fue el rescate a Tubos Reunidos, la decisión del juez Pedraz expande de forma significativa el foco del procedimiento. Atendiendo al criterio de la Fiscalía, el juzgado ve indicios fundados de irregularidades similares en contratos u operaciones vinculadas a otras cuatro entidades:
- Mercasa
- Enusa
- Parque Empresarial Principado de Asturias
- Forestalia
Con estas nuevas imputaciones, la Audiencia Nacional busca esclarecer el alcance total de una red de influencias que, valiéndose de presuntos accesos privilegiados a la información interna del Estado, habría condicionado de forma ilícita el reparto de fondos públicos.
