La amenaza de Marruecos de suspender el acuerdo de extradición con España abre un nuevo frente diplomático entre ambos países. El pacto, vigente desde hace casi tres décadas, ha permitido la entrega de cientos de fugitivos, aunque Rabat denuncia falta de reciprocidad tras el rechazo de decenas de solicitudes por parte de la justicia española.
El ministro de Justicia marroquí, Abdellatif Ouahbi, ha anunciado que su departamento estudia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición firmado con España, una decisión que podría afectar a uno de los principales instrumentos de cooperación judicial entre ambos países.
Ouahbi aseguró que Marruecos ha detectado situaciones que considera «incomprensibles» cuando solicita a España la entrega de personas reclamadas por la justicia marroquí. Según explicó, en algunos casos agentes marroquíes se desplazan hasta España para recibir a los detenidos y finalmente la entrega no llega a producirse porque el reclamado queda en libertad.
El responsable de Justicia marroquí afirmó que existe una falta de reciprocidad entre ambos países y reclamó a España mayor compromiso con estos procedimientos. «Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos», advirtió.
La posibilidad de una suspensión pondría en cuestión un marco jurídico construido durante casi 30 años y que ha sido una pieza clave en la colaboración judicial entre Madrid y Rabat.
Un acuerdo con casi tres décadas de historia
La cooperación en materia de extradición entre España y Marruecos comenzó a formalizarse con el Convenio de Extradición firmado el 30 de mayo de 1997, que entró en vigor en julio de 1999. Aquel primer acuerdo estableció las bases para la entrega de personas reclamadas por ambos países, incluyendo principios como la prohibición de extraditar a nacionales y la exclusión de los delitos políticos.
Te interesa
El convenio también dejó claro que los delitos relacionados con terrorismo no podían ser considerados de naturaleza política, una cuestión relevante en la cooperación de seguridad entre ambos Estados.
Posteriormente, España y Marruecos actualizaron este marco mediante un nuevo tratado firmado en Rabat el 24 de junio de 2009. Este acuerdo sustituyó al anterior y comenzó a aplicarse definitivamente en septiembre de 2012, después de completarse los trámites legales necesarios.
El tratado vigente establece las condiciones para que una persona pueda ser entregada. En términos generales, se requiere que los hechos estén castigados con penas mínimas de prisión: dos años cuando se trata de personas procesadas y seis meses cuando existe una condena firme.
Además, en mayo de 2024 el Tribunal Constitucional español respaldó las órdenes de detención emitidas por la Fiscalía marroquí, reconociendo su papel dentro del sistema judicial del país vecino.
Una suspensión afectaría a la cooperación penal
La abogada especializada en extradiciones Miriam Rosales considera que una eventual suspensión del acuerdo dificultaría la cooperación judicial entre España y Marruecos, aunque no supondría necesariamente el bloqueo absoluto de las entregas.
Según explica, los procesos de extradición tienen una doble dimensión: una fase judicial, en la que intervienen órganos como la Audiencia Nacional, y una fase política, en la que el Gobierno puede tener la última palabra sobre la autorización definitiva.
Rosales señala que la extradición depende en gran medida de la voluntad de cooperación entre Estados y que, incluso sin un convenio vigente, podrían mantenerse mecanismos de colaboración mediante el principio de reciprocidad.
Sin embargo, advierte de que el principal problema no sería únicamente jurídico, sino diplomático, ya que una ruptura del acuerdo reflejaría un deterioro de la relación de confianza entre ambos países.
El convenio tiene una duración indefinida, aunque una eventual denuncia formal del acuerdo por vía diplomática no tendría efectos inmediatos: la suspensión definitiva requeriría un periodo de un año desde la comunicación oficial.
98 extradiciones hacia Marruecos desde 2018
Los datos muestran la importancia de la cooperación judicial entre ambos países. Desde 2018 hasta finales de junio, España ha autorizado la extradición de 838 personas reclamadas por países extranjeros situados fuera de la Unión Europea.
De esa cifra, 98 entregas tuvieron como destino Marruecos, convirtiendo al país norteafricano en el segundo receptor de extradiciones españolas, solo por detrás de Estados Unidos, que acumuló 105.
Sin embargo, Marruecos también encabeza la lista de países con más solicitudes rechazadas por la justicia española. Desde 2018, España ha denegado 92 peticiones de extradición procedentes de Rabat.
El Gobierno español ha explicado que estas negativas suelen responder a motivos jurídicos como la falta de doble incriminación —cuando un hecho no constituye delito en ambos países—, la prescripción de los delitos, la ausencia de una pena mínima exigida, cuestiones relacionadas con la nacionalidad o casos ya juzgados.
Desde Marruecos consideran que estas decisiones reflejan una falta de equilibrio en la cooperación bilateral y reclaman una mayor agilidad en los procedimientos.
Por ahora, Rabat no ha ejecutado la suspensión del acuerdo, por lo que el mecanismo continúa vigente. No obstante, la amenaza supone un nuevo elemento de tensión en una relación marcada por la cooperación estratégica, pero también por frecuentes desacuerdos en asuntos como la inmigración, la seguridad y la política territorial.
