CEUTA — La gestión de los menores extranjeros no acompañados tras la crisis migratoria continúa generando discrepancias y un choque de versiones entre los gobiernos de España y Marruecos. Mientras fuentes oficiales marroquíes aseguran que un total de 327 menores han sido repatriados desde la ciudad autónoma, las autoridades españolas y el Ejecutivo ceutí niegan tajantemente que se haya producido ninguna devolución de este tipo.
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Según la información difundida por medios del país vecino y confirmada por fuentes próximas al proceso, las repatriaciones se habrían desarrollado de manera constante entre el pasado 2 de agosto y este lunes, 26 de octubre, a través del paso fronterizo terrestre entre Fnideq (Castillejos) y Ceuta. Desde Rabat se defiende que estos procedimientos se llevan a cabo velando por el «interés superior del menor» y facilitando su reencuentro familiar.
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Choque directo con la versión de España y Ceuta
Esta versión contrasta frontalmente con la postura mantenida tanto por el Gobierno central como por la Ciudad Autónoma de Ceuta. Desde las instituciones españolas se insiste en que no se ha registrado ninguna salida de menores hacia territorio marroquí y que los únicos retornos efectuados corresponden a población adulta.
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En la misma línea, el Ejecutivo de Juan Vivas ha denunciado en reiteradas ocasiones que los procesos de repatriación se encuentran bloqueados debido a la escasez de expedientes tramitados y a la falta de respuesta por parte de Marruecos, poniendo en entredicho las cifras oficiales comunicadas desde Rabat.
Críticas desde la monarquía alauí
La controversia coincide en el tiempo con el discurso pronunciado el pasado 9 de octubre por el rey Mohamed VI con motivo de la apertura del Parlamento marroquí. En su intervención, el monarca reconoció los avances en la cooperación bilateral en materia migratoria, pero calificó el modelo actual de «obsoleto».
Asimismo, el rey alauí señaló directamente a los obstáculos «legales y judiciales» vigentes en Europa como los principales frenos para la repatriación de menores no acompañados y de demandantes de asilo, un escenario que, a su juicio, termina favoreciendo a las redes de tráfico de personas.
