La Delegación del Gobierno ha celebrado dos reuniones, una con la empresa y otra con la Federación de Transportes de CCOO y el Comité de Empresa, para resolver el conflicto de los autobuses de la frontera y las multas que están recibiendo. Se ha acordado mantener «un escrupuloso respeto por las normas de seguridad vial»
Tras los episodios sucedidos durante la semana pasada, que comenzaron con la empresa quejándose públicamente del «acoso» por parte de la Guardia Civil al que se estaba viendo sometida la línea 7, que cubre la ruta de la frontera al centro y viceversa, y que terminaron con la suspensión de esta línea y de la 4, que conecta con el Hospital, el pasado viernes; tanto el Gobierno de la Ciudad como la Delegación del Gobierno han decidido tomar cartas en el asunto.
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Tras dos reuniones celebradas en la Delegación del Gobierno, una de la delegada, Salvadora Mateos y el consejero de Sanidad y Servicios Sociales, Javier Guerrero, con la empresa en la que se ha acordado «velar por la seguridad de los viajeros que utilizan esta línea manteniendo un escrupuloso respeto por las normas de seguridad vial«; y otra de Mateos con el Comité de Empresa y la Federación de Transporte de CCOO en la que los trabajadores han expresado «la voluntad de evitar conflictos de este tipo», el problema parece resuelto.
No en vano, desde la Delegación informan de que «la mutua colaboración, defendida por ambas partes, y un diálogo directo con este ente gubernativo cuando sucedan situaciones conflictivas, ha sido el compromiso adquirido en aras a mantener la normalidad en esta línea que utilizan centenares de pasajeros cada día».
