El modelo español de seguridad privada entorno al de los países de la Unión Europea, tiene casi el mismo crecimiento de la industria en materia de seguridad, pero no todos reaccionaron de la misma manera. Tanto unos como otros optarían por modelos ampliamente regulados como es el caso de España, Bélgica y Francia donde el modus operandi de estos países, está estrictamente delimitado y controlado por las correspondientes Administraciones.
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El modelo elegido en nuestro país es de corte conservador donde se intenta controlar y frenar el ascenso y parcheado de la seguridad privada a la pública, esta brecha que se abre entre los enfoques de la seguridad pública y privada ha vivido una serie de regulaciones más estrictas, de hecho los países europeos más rígidos en materia de regulación son España, Bélgica, Hungría, Serbia y Suecia.
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La entrada en vigor de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada, sería un avance cualitativo para el sector, con el reconocimiento por su capacidad de servir a la seguridad pública de manera sustancial, constituyendo una actividad complementaria a la seguridad pública, este reconocimiento como apoyo esencial a la gestión de la seguridad ciudadana no es gratuito, ya que está avalado por la gran profesionalización que tiene el sector privado en los últimos años. Su calificación debe ser de ejemplar a los esfuerzos que ha tenido que soportar sobre todo con esta pandemia a nivel mundial.
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Esta pandemia ha sido un acelerador de cambios para un sector como este donde una incierta nueva normalidad tendrá que dar paso a cambiar muchos hábitos a los que estábamos acostumbrados los ciudadanos. El trabajo de estos profesionales del sector de la seguridad privada deberá ser fundamental para ir recuperando esa bendita rutina a la que ahora echamos tanto de menos.
No se debe olvidar que este gremio debe enfrentarse también a grandes desafíos como es el de una sociedad más conectada y digitalizada, por lo que la formación de estos profesionales es esencial a la hora de poder lidiar con las nuevas tecnologías, formación que en estos momentos no es ni suficiente ni la más adecuada para poder realizar el trabajo con la máxima destreza. Lo que no debemos obviar es que nos enfrentamos a nuevas amenazas y situaciones, así que es de vital importancia que el borrador del nuevo Reglamento de Seguridad Privada sea una prioridad, ya que dotaría de herramientas que conllevarán más seguridad jurídica y un ordenamiento de las competencias y facultades de las figuras que contempla la Ley de Seguridad Privada así como los requisitos y formación y demás materias de interés.
Otro problema es el sueldo de cerca de 85.000 profesionales de este sector donde con la firma del nuevo convenio hasta finales del año 2021, se les aplica una subida salarial del 1%, lo que supondrá una pérdida del poder adquisitivo del sector del 27% en los últimos 25 años. Esta subida firmada por los sindicatos sectoriales se sitúa por debajo de la negociación colectiva entre los años 2018-2020, dando lugar a una mayor precariedad de la que ya había. Así que si se sigue por estos derroteros, lo único que se conseguirá es que los esfuerzos empleados hasta ahora no sirvan para nada y una vez más el colectivo se sienta vendido y vilipendiado por parte de todos, cayendo en saco roto las esperanzas y despertando miedos a la hora de desempeñar una profesión con más de cien años de historia.
