Otro 1º de mayo más, Día Internacional de l@s Trabajadores, no podemos, ni queremos faltar junto al resto de organizaciones sindicales de este país, a esta cita obligada, por sentirnos, como ciudadanos, parte también de tantas victorias pasadas, presentes y futuras que seguirán produciéndose y de las que todo demócrata debería sentirse orgulloso y unirse siempre al resto en defensa del bien común.
De la misma forma que no hemos dejado de exigir mejoras socio-laborales en nuestro colectivo y teniendo en cuenta todas las carencias existentes, también somos conscientes que nuestra condición de funcionarios, obligados a perpetuarnos en un “estatus profesional” por nuestra condición de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, nos condiciona y perjudica en muchos aspectos con respecto al resto de ciudadanía, es por lo que en el deseo de sustancial mejora en las condiciones de toda la clase trabajadora, exigimos que todos esos avances y derechos conquistados para el conjunto de la sociedad, sean aplicados igualmente a los miembros del Cuerpo de Policía Nacional.
Son todas esas carencias más significativas que lastran el buen funcionamiento de la Institución a las que nos queremos referir en un día como el del 1º de mayo, y denunciarlas con todo nuestro derecho irrenunciable ante la administración actual. Los trabajadores de la Policía Nacional, afiliados a esta organización sindical, demandamos:
Nueva Ley estatal de seguridad y con ello, ya sin distinciones, incluir a Policía Nacional y Guardia Civil en el régimen común del funcionariado público, consiguiendo con ello, permitir en las instituciones policiales que sindicatos de clase puedan representar y defender a sus trabajadores, como así se permite al resto de policías del territorio; algo que consideramos imprescindible, y siendo una transformación relativamente sencilla, sería muy eficaz para reducir en buena parte el tan pernicioso corporativismo y la diferenciación que suponen ese distanciamiento con el resto de la sociedad.
Derecho a huelga concertada como herramienta fundamental para la negociación colectiva de los trabajadores, como así lo establece nuestra Constitución en su artículo 28.2, que señala que se regulará por ley su ejercicio para asegurar el “mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”.
Escandaloso incumplimiento de la carta magna, aquí también, y más cuando desde las instituciones llevan justificando desde el inicio de la democracia la privación de ese derecho fundamental a Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, Jueces, Magistrados y Fiscales, por motivos de seguridad nacional, de de orden público, para comprobar cómo otros servicios esenciales nacionales como sanitarios y bomberos, o que otros cuerpos policiales de algunos países de la UE como Noruega, Bélgica, Holanda o Italia, sí tienen garantizados ese derecho de la misma forma que el resto de ciudadanía.
Esto nos lleva a reafirmarnos que no hay otra explicación ni justificación que valga, más que se debe a una tozuda mentalidad de estado que se resiste a modernizarse y contribuir a mejorar un servicio público esencial para la sociedad.
Jueces y Fiscales, en el año 2018, dieron el primer paso, el gobierno fue condescendiente. Fueron y seremos consecuentes.
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En el apartado reservado a la seguridad laboral exigimos dirigirnos hacia una modalidad saludable de horarios y mayor adaptabilidad para la conciliación personal con la laboral.
En buena medida estos, pero también otros oscuros factores que siempre han estado ocultos han provocado que se alcance esa terrible cifra de suicidios en las FFCCSE que es hasta cinco veces mayor que en el resto de la sociedad. Se hace por esto indispensable que el Ministerio del Interior deje de mirar de una vez hacia otro lado y empiece a dotar de medios suficientes para adecuar su oferta formativa a dicha problemática y de personal especializado que atienda la gran demanda de problemas psicológicos que se dan. Y precisamente sobre cómo es también tratado o silenciado desde dentro este enorme problema que enlaza con la siguiente reivindicación.
La concepción de una institución enormemente conservadora y machista que contribuye a la estigmatización de la visibilidad de los sentimientos o de cualquier orientación que se salga de lo aceptado formalmente por el entorno. En este sentido se ha de seguir luchando para alcanzar dentro la igualdad de trato entre los dos sexos y el fin de la discriminación y cosificación de la mujer.
De igual forma en lo referente a la orientación sexual de los y las policías aún queda también mucho que recorrer para la normalización y aceptación de todas las formas de sentir. Es más que evidente un retrógrado comportamiento que exterioriza el colectivo en su conjunto, cosa que propicia ese retraimiento por miedo a la exclusión o señalamiento.
La reforma de estos dos últimos puntos pasa ineludiblemente por un cambio en los procesos de selección, formativos y disciplinarios, en los que, en estos últimos años, lejos de haber mejorado como sería de esperar, ha sido justo lo contrario. Es necesario la creación de un órgano procesal administrativo en el Cuerpo de Policía Nacional, compuesto por personal no policial, licenciados en derecho administrativo, dependientes de la Secretaría de Estado para la Seguridad. Aquí dedicar nuestro más sentido reconocimiento a es@s valientes que aún con todo en su contra se muestran implacables contra los abusos que se producen en el seno de la institución, algo fundamental para empezar a eliminar comportamientos indeseados.
Queremos rendir un profundo homenaje a los trabajadores de los sectores esenciales que siguen luchando contra la pandemia, entre los que se encuentran nuestros compañeros-as de Policía Nacional.
Exigimos la revalorización del salario mínimo interprofesional aplicable a las clases salariales más bajas del CPN.
Solicitamos una solución definitiva para los funcionarios del CPN, en segunda actividad sin destino y futuros jubilados por parte de la actual administración policial, sin tener que esperar a que los tribunales de justicia resuelvan una desprotección económica, causada por un gobierno del partido popular, su ministro del interior y la insolidaridad de las organizaciones firmantes.
Asimismo, queremos expresar nuestro total reconocimiento a los funcionarios-as del Cuerpo General de la Administración del Estado, al Personal Laboral, que realizan funciones en dependencias de la Dirección General de la Policía, y al personal de la Oficina de Asilo y Refugio del Ministerio del Interior, funcionarios dependientes de la Dirección General de Política Interior, todos ellos, ejerciendo en una labor encomiable en sus diferentes tareas de gestión y resolución. No podemos olvidar al personal del servicio de limpieza, que, contratados por empresas en régimen de externalización por la DGP, están atendiendo su trabajo en unas condiciones precarias en materia salarial.
Para la consecución de las reformas aquí referidas y todas las restantes que harían falta para la modernización y democratización de nuestras FFCCS es indispensable acción por parte, desde luego de los propios integrantes de las instituciones policiales, sus órganos directivos y organizaciones sindicales, pero también del resto de administraciones del estado implicadas, incluyendo como actores imprescindibles a los sindicatos de clase de este país.
LaAGRUPACIÓN REFORMISTA DE POLICÍAS, seguirá abriendo frentes a la hora de denunciar irregularidades o solicitar apoyo como hasta ahora, con el único fin que viene persiguiendo desde su nacimiento, una profunda limpieza democrática en la Institución Policial. Basta ya de excusas, ES EL MOMENTO DE UNA ACCIÓN REIVINDICATIVA COMPROMETIDA Y CONJUNTA.
