El fin del permiso paterno, la regulación de la objeción de conciencia, o la eliminación de las jornadas de reflexión de tres días son algunas de las medidas que Irene Montero presentó ayer en el Congreso
Mediante su comparecencia este miércoles en el Congreso de los Diputados, Irene Montero explicó las medidas que se van a llevar a cabo en la reforma de la Ley del aborto 2/2010.
La actual ley de la Salud Sexual y Reproductiva del 2010 cuenta con flecos que quieren ser corregidos por la nueva reforma planteada. Actualmente, existen hospitales donde no se llevan a cabo abortos aludiendo a la objeción de conciencia, por lo que las mujeres se ven obligadas a recurrir a clínicas privadas además de otras dificultades que obstaculizan este proceso. Para evitar esto, Irene Montero aseguró que quiere «blindar» el acceso a este derecho en la sanidad pública. «Interrumpir voluntariamente el embarazo va a estar garantizado en todos los hospitales públicos» defendió en el Congreso.
Si bien al mencionar la anterior ley, que fue aprobada en 2010 gracias al PSOE, destacó el avance que supuso en su momento, en la actualidad requiere una actualización y blindaje, a lo que acompañó «no podemos aceptar que queden fuera las mujeres jóvenes que encuentran grandes dificultades para contar a sus progenitores que están embarazadas y quieren interrumpir sus embarazos».
Como se ha mencionado antes, uno de los mayores frenos al aborto libre es la gran cantidad de profesionales sanitarios que, en su derecho, aluden a la objeción de conciencia frente a la posibilidad de realizar una interrupción en el embarazo pero que choca con el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo. Para solventar este problema, la ministra defendió que se regulará la objeción de conciencia de los profesionales de manera similar al registro que ya establece la Ley de Eutanasia. «Respetaremos escrupulosamente el derecho a la objeción de conciencia y lo haremos escrupulosamente compatible con el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos», ha asegurado la ministra.
Además, también se proponen otras medidas, en primer lugar la creación de una línea telefónica especializada en derechos sexuales para informar a la mujer del procedimiento apto para interrumpir su embarazo. Las mujeres que decidan abortar podrán acudir a su centro de salud para recibir información y desde allí se les enviará a un centro hospitalario por procedimiento de urgencia. Además, podrán decidir entre aborto farmacológico o quirúrgico. Por otro lado, se recalcó la necesidad de rebajar el IVA actual del 10% a los productos de higiene femenina como otra de las medidas del la reforma. También se acabará con el plazo de tres días de reflexión destinado a que las mujeres mediten su decisión y con la obligación de entregar información sobre las alternativas de ayuda.
